Fernando de Haro: "El independentismo afronta más divido que nunca la reacción a la sentencia"

Hoy es nueve de septiembre, faltan dos días para que se celebra la Diada. La diada de hace siete años fue el pistoletazo de salida para el intento de secesión de Cataluña. Fue en ese momento en el que Artur Mas, para evitar las dificultades de presidir la Generalitat en medio de una crisis, decidió transformar el nacionalismo de la entonces CIU en independentismo. Mas fue el padre de todo hace ya 7 años y en esta Diada estamos a la espera de la sentencia del proceso de secesión.

El independentismo quiere transformar la Diada en un acto preparatorio para las protestas contra la sentencia del procés. Hoy en la apertura del año judicial, la fiscal general del Estado, la fiscal Segarra ha advertido que todos tienen la obligación de cumplir con esa sentencia.

¿A quién esta advirtiendo Segarra con esas palabras? ¿A quién se refiere con todos?- Desde luego se refiere a Torra que aseguró que si no hay sentencia absolutoría respondería con la independencia. En realidad esa amenaza de independencia tiene poco o ninguna verosimilitud a estas alturas. ¿Pero que puede hacer la Generalitat cuando se dicte una setencia condenatoria? La Generalitat tiene transferidas las competencias en prisiones. Quienes resulten condenados dejarán de ser presos preventivos en manos del tribunal y se convertirán en penados dependientes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Los Serveis Penitenciaris dependen en última instancia de la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC), que ha dejado clara cuál es su postura: "Los quiero fuera", ha llegado a decir públicamente. ¿Puede Ester Capella poner en libertad a los políticos que promovieron el procés de independencia cuando sean condenados? La Generalitat puede hacer lo que ha hecho con Oriol Pujol concederle a los condenados un tercer grado anticipado de modo que solo vayan a la prisión para dormir. Oriol Pujol obtuvo el tercer grado a los dos meses de ingresar en la cárcel para cumplir una pena de dos años. Eso, se puede evitar si la sentencia del Supremo incluye el llamado periodo de seguridad para que en las condenas superiores a cinco años el tribunal determine que no se acceda al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la condena.

Cuando Segarra está pidiendo que todos acaten la sentencia está pidiendo que la acate la Generalitat, ¿pero está pidiendo también que la acate un eventual Gobierno de Sánchez y que no conceda indultos? No lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que el independentismo afronta más divido que nunca la reacción a la sentencia. Torra no quiere adelantar elecciones ni en sueños. Y ERC presiona para adelantarlas, hoy Marta Rovira ha pedido otros comicios que tengan valor de refenredum. Esas elecciones con valor de refendum que ya las perdió Artur Más en 2012.