Fernando de Haro: "El sistema de pensiones español está ciertamente desequilibrado"

La han montado, la han montado las chicas del Colegio Mayor Santa Mónica. Hasta ahora, las cosas estaban más o menos claras. Los hechos son conocidos. Los universitarios alojados en el Colegio Mayor Elías Ahuja, un colegio mayor solo de chicos, se dedicaron a llamar prostitutas y alguna cosa más a las chicas del Colegio Mayor Santa Mónica.

Evidentemente, era una manifestación del más rancio machismo. Faltaba a la dignidad de las chicas. Tanto es así que la Fiscalía investiga ya si se habría producido un delito de odio. Los delitos de odio son una valla que le pone límite a la libertad de expresión: no se puede decir según qué cosas a una persona que atenten contra su dignidad. Pero la cosa se ha complicado después de lo que han dicho las chicas del Santa Mónica. Ellas no se sienten ofendidas, lo consideran normal. En esta semana en la que se ha aprobado la ley del consentimiento sexual, la ley del sí es sí, las chicas odiadas dicen que no se sienten odiadas y que consienten con que las llamen putas. ¿Eso cambia las cosas? ¿Estamos ante algo así como un acto sexual verbal que las dos partes consienten y entonces no hay delito de odio?

Te pongo un ejemplo ridículo. Imagínate que una pareja está en uno de sus momentos íntimos. Las ventanas están abiertas y oyes como la chica le dice al chico: "Cabrón" y la chica le dice al chico "zorra". Todo consentido. Los dos aceptan estos apelativos, no tienen intención de insultarse. ¿Qué haces, llamas a la policía? Es un ejemplo llevado al extremo. ¿Pueden disponer un hombre y una mujer de lo que se considera intangible, su dignidad, con su consentimiento? El asunto no es fácil. ¿Puede consentir una mujer en apuros un contrato de vientre de alquiler, algo que está claramente en contra de su dignidad? La cuestión no es fácil de resolver. Pero es evidente que no es bueno que un chico y una chica consientan en tratarse de un modo que no respeta su dignidad. Es un problema, una vez de educación.

Los españoles que estamos empleados en una empresa privada somos 17 millones. Nuestras empresas cotizan a la Seguridad Social por nuestro contrato. Y, por eso, los empresarios están que fuma en pipa. En los presupuestos que han llegado al Congreso hay un error: el Gobierno estima que va a conseguir con las cotizaciones sociales más recaudación de lo que es razonable. Parte de esta estimación se debe a una subida de las cotizaciones que tiene que pagar los empresarios. No sabían que el Gobierno les subía las cotizaciones sociales, no les habían avisado. Esto hace más costoso crear y mantener el empleo. La emergente ministra Calviño dice que los empresarios no se pueden rasgar las vestiduras porque hay que elevar los ingresos del sistemas de pensiones.

Ministra, estas cosas se hablan. El sistema de pensiones español está ciertamente desequilibrado. Desde hace 12 años entra menos dinero del que sale y eso va a ser así hasta 2060 cuando se mueran los que nacieron hace 50 años. Eso no significa que el Estado no vaya a pagar las pensiones. El Estado va a pagar las pensiones y para eso se va a endeudar más. Eso significa que los que nacen ahora tendrán que pagar los intereses y tendrán un vida más difícil. Pero eso no se cuenta.