De Haro: "El Gobierno está empeñado en ocultar lo del 8 de marzo y la oposición en hablar del 8 de marzo"

El Juzgado de lo Social condena en sentencia a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por poner en riesgo grave la vida, integridad física y salud. Abre el camino a las decenas de denuncias presentadas por esta desprotección en todas las Comunidades Autonómas, aunque no conlleva consecuencias prácticas mas allá de la obligación de proporcionar ese material. Negro sobre blanco. La justicia lo certifica. La justicia puede solucionar todo.

Es una evidencia que nuestros sanitarios han estado desprotegidos.

Teniendo en cuenta que las cifras oficiales apuntan a que en España ha habido unas 240.000 personas contagiadas por Covid-19. Suman ahora los datos divulgados por la Seguridad Social: 700.000 personas han estado de baja por incapacidad temporal por la Covid-19, de las que 210.000 (un 30%) han sido por estar contagiadas.

El Gobierno, parte del Gobierno, sigue respondiendo con la tesis de la conspiración, de la purga de la policía patriótica para proteger a Marlaska de sus mentiras en el cese de Pérez de los Cobos. Garzón dice que "puede" que en las FCSE haya gente que asume "como propio el discurso que invita al golpe de Estado".

Poco o nada queda ya de aquellas cloacas y en su disolución ha tenido una escasa influencia la gestión de Sánchez o el ministro Grande Marlaska. Villarejo lleva preso desde antes de la moción de censura de 2018 y sus principales padrinos, superiores o colaboradores ya estaban jubilados o fallecidos. Es el caso de directores adjuntos como Agustín Linares, Pedro Diaz Pintado o Eugenio Pino.

El Gobierno está empeñado en ocultar lo del 8 de marzo y la oposición en hablar del 8 de marzo, como si ese fuera el principal problema de la pandemia.

Como el Gobierno está obsesionado en no hablar del 8 de marzo y en defender su actuación, todo se convierte en noticia. Es noticia la ampliación del informe entregado el pasado 1 de junio en el que se explica que la juez Carmen Rodríguez-Medel tuvo que ordenar a la Guardia Civil que se personara en el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias. La Guardia Civil cuestiona que Simón no difundiera una alerta europea el 2 de marzo sobre el riesgo del virus.

Ya no está Pérez de los Cobos al frente de la investigación. ¿A quién va a echar la culpa ahora el Gobierno de la filtración?

Ni hay una policía patriótica, como dicen Podemos y Sánchez, que se esté desmontando. Ni el 8 de marzo fue un acierto, ni los de Podemos que, cierto, se acercan a los problemas no para resolverlos sino para hacer su revolución, que cierto, tienen soluciones anticuadas como las nacionalizaciones, que cierto, nos quieren meter en su burbuja ideológica. Ni los de Podemos son, como ha dicho esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, peor que el virus. Cada vez que el PP se dedica a descalificar al Gobierno, al padre de alguien del Gobierno, y no se dedica a plantear alternativas, se convierte en parte del problema y no de la solución.