De Haro: "El Gobierno está nervioso porque Puigdemont sigue ampliando el perímetro de la amnistía"

Maayan Zin madre de dos secuestradas. Israel eleva a 242 las personas secuestradas por Hamás retenidas en la Franja de Gaza a un mes de los ataques. El 7 de octubre, los milicianos de Hamás más de 1.400 muertos en Israel. Desde entonces, la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y feroz. En Gaza ya han fallecido más de 10.000 personas, muchos de ellos niños. Raul Incertis, Médicos sin Fronteras, habla de una jaula inhumana.

Un mes después no se ha dado ni un paso atrás por parte de los contendientes. El actual gobierno israelí tendría que llevar a cabo una campaña militar equilibrada, rescatar a los rehenes sanos y salvos, salvaguardar la red de alianzas en la región, ganar la guerra de la información y, sobre todo, explicar quién gobernará Gaza una vez que Hamás sea derrotado.

Se han sucedido las manifestaciones ante las sedes del PSOE en las últimas noches. La de ayer ante la sed en Madrid fueron especialmente tensas. Tres personas fueron detenidas por desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad, según Delegación del Gobierno, y una decena resultaron heridas leves. Hay sindicatos policiales que han criticado la actuación de sus jefes. Pero el Gobierno lleva razón.

No respetar las sedes de los partidos políticos no es de recibo, son instituciones de nuestra democracia, no es de recibo ahora que la presión es sobre las sedes de Ferraz, como no lo fue en 2004 cuando tras el 11M se sucedieron las concentraciones que llamaban a Aznar asesino, como eran antidemocráticas las manifestaciones que rodearon el Parlament y las que rodearon el Congreso apoyado por Podemos.

Ha hecho bien el PP en distanciarse de este tipo de manifestaciones y convendría que lo hiciera más claramente. Hay formas de protesta que descalifican el contenido. También son instituciones democráticas, son uno de los tres poderes de la democracia, los jueces y el Gobierno no puede sugerir como ha hecho que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha hecho política al imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso de Tsunàmic.

Si se defiende la democracia se defiende toda la democracia. El Gobierno está muy nervioso porque Puigdemont sigue subiendo el precio, sigue ampliando el perímetro de la amnistía. ¿Qué quiere Sánchez, que los jueces dejen de trabajar porque él tiene que llegar a un acuerdo de investidura? Si el Gobierno dice que los jueces se inmiscuyen, quiere decir que ha asumido un peligroso discurso, el de sus socios. Un Gobierno no debería poder decir sobre decisiones de los jueces, decisiones pasadas, presentes y futuras. Cuando un Gobierno decide en una democracia sobre decisiones judiciales, esa democracia es menos democracia es mala democracia