Hace 3 años, en mayo de 2021, estuve en Cieza, en Murcia, conociendo la realidad de los migrantes que trabajan en la campaña del melocotón. Allí visité El Cabezo, la barriada en la que se alojan la mayoría de estos temporeros, y las condiciones con las que me encontré eran totalmente precarias, como me explicó Antonio, el sacerdote de la parroquia de Cieza.

200 personas hacinadas en una nave, cuevas que se convierten en “viviendas” sin agua, ni luz. Pero lo más indignante es que no se trata, en absoluto, de un caso aislado. Esto pasa, pasaba en el año 2021, y sigue pasando ahora, y no solo en España, si no en toda Europa.

Juan Castillo es investigador en la Universidad Pontificia de Comillas y coautor, junto a Oxfam Intermon, de un informe elaborado en 9 países de la UE que tiene una conclusión muy clara: la situación en la que viven y trabajan los migrantes en el campo dista mucho de lo que exigen los derechos humanos.

España, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia representan el 72% de la producción de frutas y hortalizas en la UE.

Las personas migrantes pueden ser contratadas bien tras su llegada a esos países, o bien ya desde su país de origen. Es habitual que estas personas no solo tengan que pagar para que se las contrate, sino que pueden ver aún más reducido su salario por tener que costearse un seguro de salud privado cuando empiezan a trabajar, ya que no están cubiertas por la seguridad social del país donde trabajan.

En los 9 países examinados, a excepción de Finlandia, las personas migrantes reciben como norma general salarios inferiores al salario mínimo y las mujeres reciben los más bajos.

En Huelva, por ejemplo, el 50% de las mujeres encuestadas afirman recibir un salario menor que los hombres, realidad que las trabajadoras en Italia cifran en un 30% menos.

En algunos países, las personas trabajadoras de temporada extranjeras no tienen derecho a cambiar de empleador. En la práctica, esto suele derivar en una dependencia total de su empleador y un poder de negociación muy reducido, lo cual hace que las personas trabajadoras de temporada extranjeras sean especialmente vulnerables a la explotación.

El informe concluye que los casos de abuso, incluido el sexual, así como las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector.

El caso más extremo recogido por el informe se da en Suecia, donde trabajadores tailandeses trabajan entre 12 y 19 horas al día, 6 días de la semana.

El alojamiento suele ser precario, superpoblado, caro, y aislado de los núcleos poblacionales. Algunas trabajadoras han denunciado casos de chantaje sexual por parte de los supervisores de alojamiento. Algunos viven en asentamientos sin necesidades básicas como luz, agua corriente o recogida de residuos.

Los accidentes y lesiones son frecuentes debido a que los trabajadores no reciben la formación ni el equipo necesarios para desempeñar su trabajo con seguridad. Muchos de estos trabajadores no tienen acceso a servicios sanitarios por no tener una dirección fija o porque están excluidos de la cobertura sanitaria.

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Hablamos en la Tarde con Juan Castillo, investigador de la Universidad Pontificia Comillas y coautor del informe.

Nacido en 1991 en Senegal, llegó a Europa en 2016 en busca de un futuro mejor para él y para su familia. Empezó sus estudios de filología francesa en la universidad Cheikh Anta Diop de Dakar pero por carecer de recursos nunca pudo terminarlos. Inició su camino con la ayuda de su hermano mayor. Atravesó Senegal, Malí, Níger y Libia, logró embarcarse rumbo hacia Italia y seguir su viaje hasta España. Tras tres años viviendo y trabajando en España sin permiso de residencia ni de trabajo, trabajando en distintas campañas agrícolas del país, habiendo vivido en las chabolas de Lepe y en las calles de Albacete, ahora que ha logrado adquirir su permiso de residencia y que ha desaparecido el miedo, es portavoz de los trabajadores agrícolas migrantes irregularizados de Huelva desde la Asociación ASNUCI (Asociación de nuevos ciudadanos por la interculturalidad).