¿Va a pasar los mismo con la rebaja de la malversación que con la ley del sí es sí? Análisis Mediodía

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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El Gobierno elude situarse en el escenario de que la entrada en vigor de la reforma de la malversación dispare el goteo de rebajas de penas. "No ha lugar a pronunciamientos de forma preventiva", aducen desde la Moncloa. Puertas adentro, solo ofrecen muestras de confianza en la nueva legislación, sin dejar por ello de asumir su incapacidad de garantizar que en ningún caso se producirán revisiones de condenas que ahondarían en el daño reputacional del ejecutivo. Eso sería letal ante el ciclo electoral.

Esa opción es factible toda vez los barones ya salieron en tromba a verbalizar su oposición a modificar el delito y hasta en el círculo presidencial hay quienes mostraron en privado su rechazo por el evidente riesgo en ciernes de beneficiar a corruptos. Discrepancias con una apuesta de Pedro Sánchez que ordenó apretar los dientes. A 24 horas de que se inicie una nueva etapa con el cambio de legislación, ya apareció la primera polémica: el juez que investiga el caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito por este motivo.

Este martes pasaba por los micrófonos de 'La Linterna' el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, y trató este asunto de la que podría ser la primera rebaja de un caso de corrupción tras la modificación del delito de malversación. “Muchas de esas licitaciones están en el caso Acuamed. Decir que la desalación es medioambiental cuando tenemos manifestaciones contra eso y los recortes del trasvase Tajo-Segura, pero es que aquí y en el caso Azud estamos hablando de mordidas que incluso llegan al 6%, que dejarían el famoso 3 per cent en un juego de niños”, expuso.

La Fiscalía

La Fiscalía ya se temía que la rebaja en las penas por delitos de malversación pudiera afectar a un "goteo" de casos de corrupción, "muchos más" de los que prevé el legislador, entre los que podría encontrarse el conocido como caso Kitchen, el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas por el que está procesado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Es por lo que fijará un criterio único que aplicar en las revisiones de las condenas por malversación, con "celeridad" pero también buscando "consenso", una vez entre en vigor la reforma del Código Penal que reduce las penas por ese delito cuando no existe ánimo de lucro. Lleva semanas trabajando para redactar una instrucción que marque las pautas, especialmente, en las revisiones de las condenas por ese delito dictadas de acuerdo con reforma de 2015, cuando se suprimió el requisito del ánimo de lucro en el tipo penal.

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