El SJM denuncia irregularidades en los CIE: "El internamiento se tiene que ver como algo excepcional"

Un total de 2.276 personas permanecieron internadas en los CIE durante el pasado año. Es lo que constata el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en su Informe Anual 2022 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que ha presentado esta mañana en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Con el título Diferencias que generan desigualdad, este trabajo analiza las lagunas existentes en el reglamento, que dan pie a diferentes regímenes interiores en cada CIE, generando desigualdad de derechos entre las personas internadas en ellos.

En 'Mediodía COPE', Josep Buades SJ ha recordado que, en 2022, "un 51 % de las personas internadas llevaban tiempo en España. Meses, algunos años, a veces muchos años... y que tenían órdenes de expulsión. La mayoría, ligadas a algún antecedente policial o penal, pero personas con mucho arraigo". El 48 % restante, sin embargo, eran "personas recién entradas en el territorio, que habían sido detenidas en el momento de la entrada ilegal o que tenían una prohibición de entrada en España o en otro país del Espacio Schengen".

Entre las cifras oficiales presentadas en el Informe, destaca la identificación de 42 personas con nacionalidad comunitaria, principalmente rumanos y búlgaros: "Hemos encontrado, estudiando atentamente la legislación, y es algo que reconocen algunos jueces y fiscales, es que según la legislación española no hay lugar para que los ciudadanos europeos estén internados, salvo cuando un juez es el que decide la expulsión como pena sustitutiva de la privación de libertad. Entonces, es importante que otros jueces y fiscales, que no son conscientes de esto, lo sean y no autoricen el internamiento de personas europeas", ha señalado Buades.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior también revelan que 11 menores de edad fueron identificados entre los internos de los centros: "Vemos que se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad, y en 11 de ellas el resultado fue que se determinó que eran menores y fueron puestos en libertad inmediatamente. Lo que pasa es que siempre cabe la duda, porque las pruebas no son totalmente determinantes. Y una cosa que sí nos llama la atención es que, en Las Palmas, que el 95 % de los internos lo eran por causa de devolución, recién llegados, una situación en la que es más fácil que estén los adolescentes, mayores o menores, no se practicó ninguna prueba de determinación de la edad y no se encontró ningún menor. ¿Porque se hacía esto en la comisaría en la primera detención? Ojalá sea así", ha dicho el autor del Informe.

La salud mental de los internos, una preocupación para el SJM

Josep Buades ha señalado que esta tarea de acompañamiento que el Servicio Jesuita a Migrantes viene realizando en los CIE también ha puesto de relieve uno de los problemas a los que se enfrentan los internos: el deterioro de la salud mental. "Los médicos reconocían que, salvo que padeciesen alguna crisis especialmente violenta, no estaban legitimados para llevarlos a una asistencia psiquiátrica especializada. Hablamos con un equipo de la Universidad de Sevilla y nos dijeron que sería interesante hacer ese estudio".

"Elaboraron 88 entrevistas en los CIE de Algeciras, Barcelona, Madrid y Valencia, donde entra el SJM, y se encuentran con que 7 de cada 10 personas entrevistadas tenían unos síntomas de ansiedad, depresión... dignos de consideración, que los había que ya entraban con algún cuadro de este tipo y que, sobre todo, esos problemas agudizaban después de una semana de internamiento. Allí donde el trato es más profesional, más humano, donde las condiciones de vida son más dignas... se mantiene mejor la salud mental que allí donde la tensión es más palpable, donde hay más conflictos o donde las condiciones de vida no están tan bien cuidadas", ha explicado el autor del Informe.

El nuevo CIE de Algeciras y las lagunas en el reglamento, en el punto de mira del SJM

Buades también ha explicado que una de las denuncias del SJM en anteriores informes, la de la saturación de los centros, se ha resuelto gracias a la pandemia, dejando centros prácticamente a medio gas: "Es mucho más palpable en Algeciras, donde siempre hemos encontrado entre 20 y 30 personas en estos últimos años. Si ha habido mucha más ocupación en los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia, pero no podemos hablar de saturación. La preocupación que tenemos ahora está en la construcción del nuevo CIE de Botafuegos, junto a la cárcel de Algeciras. Es un CIE con capacidad para 500 personas y decimos... si en 2022 fueron internados 2.276 personas y, si un 53 % fue efectivamente retornado forzosamente a sus países... ¿para qué aumentar tanto la capacidad de internamiento? Cuando además, en gran medida, la ejecución de la expulsión o de la devolución depende de la política de readmisión de los estados, cuando son personas recién llegadas a las que se puede identificar, pero muchas otras veces los estados también negocian con España y dicen bueno usted qué ventaja me ofrece si yo accedo a admitir... Entonces, no es inmediato que una orden de expulsión no de devolución pueda ser ejecutada. Por tanto el internamiento se tiene que ver como algo excepcional y no como algo normal".

Los equipos de la red SJM que visitan CIE continúan detectando malas prácticas en cuestiones relacionadas con la voluntad de solicitar protección internacional. De hecho, el informe expone el caso de un interno que solicitó protección internacional y que no fue entrevistado, sino que fue puesto en libertad, firmando un documento que expresaba, junto a la puesta en libertad, que estaba renunciando al procedimiento de asilo. También se presentan en el Informe algunas resoluciones relevantes de los juzgados de control de Madrid que, tras la propuesta por parte de la sociedad civil, imponen medidas para aumentar la garantía de derechos de las personas internas, como protocolos para la tramitación de quejas por malos tratos o cambios en el servicio sanitario.

El SJM hace un llamamiento a las autoridades policiales y a todos los operadores jurídicos que establezcan y armonicen las normas de funcionamiento de los CIE y extremen el discernimiento en su decisión de internamiento, teniendo esta alternativa como algo excepcional. En todo caso, para finalizar, reclama el compromiso de todas las partes para poner fin al internamiento y cerrar los CIE definitivamente.