Escuelas Católicas pide una reunión con la ministra de Justicia por el informe sobre abusos

Escuelas Católicas acaba de hacer público un comunicado en el que solicita una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y con la fiscal general del Estado, María José Segarra. Lo hace después del informe que realizó la Fiscalía General del Estado a petición del Gobierno sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia. A finales de junio fue filtrado por un medio de comunicación.

En la nota, Escuelas Católicas se muestra contundente con el informe de la Fiscalía, sobre el que dice que «le falta rigor». Cita, en concreto, las cifras de escritos de acusación, sentencias y diligencias incoadas entre 2017 y 2019, que corresponden al conjunto de la sociedad, y que aparecen en el informe: «Estos datos ponen de relieve la importante dimensión de este grave problema, pero como el propio informe señala “no proporcionan detalle sobre la condición del autor, el entorno o la naturaleza de la institución en cuyo seno se produce el abuso o la agresión sobre el menor”».

Y continúa: «Pese a todo, “el compromiso del Ministerio Fiscal en una eficaz respuesta frente a estos delitos” se circunscribe únicamente al ámbito de Iglesia católica, apoyándose de forma exclusiva, y ciertamente inexacta, en que “los medios de comunicación se han hecho eco de numerosos casos de agresiones o abusos sexuales cometidos en el entorno de instituciones religiosas católicas”, pareciendo así, no sabemos si intencionada o casualmente, que los datos globales se adjudican solo a esta, y dejando sin atender los ámbitos en los que la lacra del abuso sexual se da con mayor frecuencia: las propias familias o el entorno deportivo o la escuela en general».

Esta organización educativa también discrepa sobre la consideración de la Fiscalía de que se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información a las autoridades competentes, pues «es contraria, no solo a la más elemental de la prudencia, sino a las indicaciones de los protocolos de las consejerías de Educación, e incluso de otros sectores como el deportivo, que recomiendan una primera evaluación de la situación». «Prescindir de una mínima comprobación inicial sería judicializar hasta el extremo la vida de los centros, saturar la Justicia, exponer a los menores innecesariamente y arrasar el derecho a la presunción de inocencia», añade.

Asimismo, critica que, «sin la más mínima justificación» el informe considere a los centros de enseñanza e instituciones católicas como «entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad». «Escuelas Católicas está poniendo desde hace tiempo todos los medios a su alcance en la prevención y actuación contra estos delitos. En 2014, propuso al entonces Ministro de Justicia la obligatoriedad de presentar un Certificado negativo de delitos sexuales como requisito para la contratación de personal en centros educativos y entornos con menores, que fue aprobado un año después.

En 2016, elaboró y remitió a todos sus asociados un modelo de Manual de Conducta o Código Ético. En 2019, elaboró su decálogo de actuación, que ha servido de modelo para muchas instituciones y ha tenido una acogida muy favorable en diversos ámbitos, incluso internacionales. Actualmente está trabajando en un Protocolo laboral ante situaciones de abusos y en una guía extensa y detallada para ayudar a los centros a prevenir y atajar cualquier caso de abuso sexual», apunta.

Con todo, Escuelas Católicas reitera su compromiso de «tolerancia cero» con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y de la sociedad en general y manifiesta su compromiso de colaboración con esta en la erradicación de esta lacra, comenzando por garantizar la seguridad en su seno.