Cáritas reclama medidas estructurales para garantizar el derecho a la alimentación de las familias vulnerables

La pandemia a la que estamos asistiendo ha intensificado las situaciones de vulnerabilidad que vivían muchas familias en nuestro país y que afecta seriamente al acceso a derechos básicos como es el de la alimentación.

La celebración, el 16 de octubre, del Día Mundial de la Alimentación, es un momento óptimo para tomar conciencia de las causas estructurales que impiden a miles de familias en nuestro país acceder de forma plena a este derecho, al que la actual pandemia viene a añadir nuevas dificultades.

Causas estructurales agravadas por la covid-19

Cáritas alertaba hace unos meses, a la luz de los datos obtenidos de la Consulta sobre el impacto de la covid-19 en las Cáritas Diocesanas de toda España, desde la irrupción de la emergencia sanitaria y la declaración del Estado de alarma el pasado mes de marzo, que se constataba un incremento del 77% en el número de demandas de emergencia recibidas por el conjunto de la red confederal de Cáritas en toda España y de un 57% en el de personas atendidas.

A pesar de la gravedad de la situación actual, y de que aún no se puede medir con precisión el alcance de la misma, lo que parece evidente es que llueve sobre mojado y que el contexto coyuntural de pandemia viene a intensificar las realidades de exclusión – y, en concreto, las dificultades de acceso al derecho a la alimentación — que tienen su origen en causas estructurales. Una buena muestra de ello es la realidad de los trabajadores pobres, que, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2019, afecta al 13,2% de la población con empleo, lo que pone en evidencia que estas situaciones no son fruto de la coyuntura actual.

En esta misma línea, la garantía del acceso al derecho a la alimentación tiene también un origen estructural, como son el desempleo y la precarización laboral, o los precios abusivos en alquileres/compra de viviendas (el 33.6% de las familias en situación de exclusión tienen gastos excesivos en la vivienda). Esto significa que, una vez descontados los gastos fijos de vivienda (alquiler o hipoteca, suministros, etc.), estas familias en situación vulnerable y con recursos limitados quedan por debajo del umbral de pobreza, con un acceso a la alimentación muy precario.

Graves repercusiones sociales

No tener asegurado el derecho a la alimentación tiene repercusiones importantes para toda la población, como demuestran algunos datos significativos recogidos por FOESSA en su VIII Informe: el 17,9% de las familias han reducido los gastos en alimentación, el 7,7% no llevan una dieta adecuada y el 36% han reducido su gasto en vestido y calzado, todo ello derivado de problemas económicos (Datos EINSFOESSA 2018). La vulneración de este derecho tiene mayor incidencia en la población más vulnerable. Así, por ejemplo y debido a problemas económicos, el 45,1% familias en situación de exclusión se han visto obligadas a reducir los gastos en alimentación y el 63,6% han reducido su gasto en vestido y calzado.

Esta grave realidad conlleva un cambio de hábitos alimenticios, donde no quedan garantizados los estándares nutricionales ni en cantidad ni en calidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con el consumo de productos frescos, que quedan en segundo plano, como verduras, frutas, carnes y pescado, o sus sustitutos en estos últimos casos para dietas vegetarianas; a ello se añade menor posibilidad de cocinar y calentar la comida, etc. En resumen, el 27.1% de familias en situación de exclusión no llevan una dieta adecuada por problemas económicos.

Y esto tiene repercusiones inmediatas en los grupos de población más frágil, como es el caso de bebés, niñas, niños y adolescentes, y de madres embarazadas y lactantes. Si una alimentación saludable es necesaria para toda la población, en estas etapas un déficit alimenticio puede condicionar el crecimiento, no solo físico también cognitivo y psicológico. Sus efectos se muestran también en la posibilidad en padecer enfermedades, tanto físicas como emocionales. Por ejemplo – y aunque esté relacionado con la falta de actividad física —, los riesgos de sobrepeso y de obesidad, tan preocupante en etapas infantiles.

Esta es la razón por la que el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación no se puede solventar con ayudas descoordinadas, puntuales, puramente asistenciales o de emergencia. Son necesarias, por el contrario, medidas políticas estructurales, planificadas y con dotación económica adecuada que permitan una nueva comprensión del problema. Y todo ello con una buena dosis de creatividad y solidaridad. En una sociedad como la nuestra, no podemos permitirnos dar pasos atrás.

Cinco claves para dignificar la respuesta a esta necesidad

En Cáritas, y a pesar de la situación generada por la aparición de la covid-19, apuestan por el derecho a la alimentación, alineada con una política estructural y coordinada que facilite el cambio de estructuras. Se trata de dignificar la respuesta a esta necesidad básica de tantas familias y que para Cáritas se basa en estas claves:

– Dignidad: no puede ser que estemos respondiendo a este problema de la misma manera que en décadas atrás. Es necesario apoyarse en el reconocimiento de la dignidad de cada persona y favorecer que cada familia pueda ir a la compra como lo hacemos cualquiera de nosotros, sin estigmas.

– Autonomía y libertad: que cada quien pueda consumir según su presupuesto, hábitos, religión, etc., y pueda decidir lo que necesita comprar y donde desea hacerlo. Las tarjetas solidarias desarrolladas por numerosas Cáritas Diocesanas son una buena práctica parta avanzar hacia ese objetivo.

– Inclusión: que los más pequeños de la casa vean el ejercicio de hacer la compra o alimentarse como un acto cotidiano en igualdad de condiciones que lo hacen sus compañeros. De la misma manera que, por distintos motivos, podemos ir a comprar ropa a una tienda de ModaRe — dando una segunda oportunidad a ropa que de otra manera quedaría en un contenedor —, podemos adquirir productos alimentarios en tiendas abiertas y no, como hasta ahora, que disponemos de espacios solo dedicados a población vulnerable, lo que supone cierto riesgo de segregación social.

– Sostenibilidad: partiendo de nuestra responsabilidad personal y colectiva con la crisis climática y medioambiental actual, quieren tender puentes con otras entidades sociales, el sector empresarial y las Administraciones públicas para abordar la urgente gestión del despilfarro alimentario. Este nuevo movimiento en aras del aprovechamiento alimentario puede ser cauce para la incorporación sociolaboral, después de un proceso de formación, de jóvenes que no han tenido oportunidades en el ámbito académico, personas adultas que se han quedado descolgadas del mundo laboral o población migrante con dificultades de integración a quienes el mercado no les ofrece oportunidades.