Cáritas alerta: Tres millones de hogares españoles están por debajo del umbral de la pobreza

En los últimos años, la vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo para numerosas familias, sobre todo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son -con diferencia- los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las economías de millones de familias en nuestro país. De hecho, tres millones de hogares quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos. Es decir, el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero, es decir, destinan más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler

Así lo refleja el informe ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, presentado este martes por

, secretaria general de Cáritas Española, y

, miembro del equipo de estudios de la

.

Desafíos sociales

“Desde la aparición del impactante tsunami que desencadenó la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias abarcaron tanto la esfera social como la económica, junto con su inmenso coste en términos de salud, diversos eventos han continuado azotando a las familias y sus economías. Desafíos como el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis inflacionaria, persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda”, afirmó la secretaria general de Cáritas Española.

“Uno de los elementos que queremos poner sobre la mesa es que si bien es necesario abordar la ecuación ingresos-gastos de manera simultánea, probablemente el déficit más pronunciado se encuentra en la actualidad en la esfera de los gastos. Así, a pesar de un crecimiento moderado pero constante en los ingresos, los gastos, con mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares”, apuntó Daniel Rodríguez.

De hecho, la tasa de privación material severa no ha mostrado una disminución proporcional al aumento de los ingresos totales. “Esto sugiere que otros factores, y en particular los gastos, pueden estar desempeñando un papel crítico en la determinación de las condiciones de vida de la población”, insistió.

Fórmulas para subsistir

En un intento por encontrar soluciones económicas y sostenibles, cada vez más familias se ven obligadas a recurrir a fórmulas como el subarriendo de habitaciones. “Nos encontramos, por tanto, con muchas familias que se enfrentan a una especie de dilema insuperable: la difícil elección entre vivir en condiciones no dignas, como compartir espacios reducidos, lidiar con el hacinamiento y soportar malas condiciones de vida, o, por otro lado, enfrentar una asfixia económica marcada por un estrés financiero abrumador, que a su vez puede afectar gravemente la salud, especialmente la salud mental”, aseveró Daniel Rodríguez.

Las propuestas de Cáritas

La dificultad de acceso a viviendas dignas y a precios asequibles se presenta, por tanto, como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. “Desde Cáritas y la Fundación Foessa, una vez más, abrazamos este desafío y llamamos a la acción conjunta. Este informe nos recuerda que, como sociedad, debemos comprometernos a construir un futuro en el que nadie se vea excluido y donde las condiciones de vida dignas sean una realidad para todos los ciudadanos”, afirmó la secretaria general de Cáritas Española.

El estudio propone algunas consideraciones tanto en la esfera de los ingresos como en la de los gastos para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Para ello considera decisivo:

• Acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Por un lado, es decisivo ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles. Por otro, incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad y, en última instancia, que nadie se quedase sin techo por adversidades económicas.

• Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente online para evitar la brecha digital, y programas formativos acompañados de acciones socio educativas para las personas que constituyen colectivos prioritarios.

• Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. Para lograrlo, debemos trazar un camino que continúe en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva. Y, por último, en esta lucha contra la precariedad, también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad.

• Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.

• Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular. Pero también se hacen necesarios la simplificación normativa o la posibilidad de que las prestaciones se asignen automáticamente a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que éstas tengan que ser quienes las soliciten.

• El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos, es decir, que estén de acuerdo tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar. Además, es necesario el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías ofreciendo complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la administración pública.