Cáritas reconoce los avances para las empleadas del hogar, pero pide aumentar las indemnizaciones por despido

Cáritas ha mostrado su apoyo a la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social para las trabajadoras del hogar, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado en el Real Decreto-Ley 16/2002. A juicio de la ONG de la Iglesia, constituye un gran avance la equiparación de los derechos laborales a los del resto de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena de todas las mujeres que trabajan en el sector de los cuidados y el hogar.

Una medida, recuerda Cáritas, que ya reivindicó al inicio de la actual Legislatura, en el documento 'Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019'.

En un comunicado, Cáritas asegura que llevan décadas “acompañando a las mujeres trabajadoras del hogar familiar, así como reivindicando la equiparación y adecuación de sus derechos a lo contemplado en tratados internacionales, como el Convenio 189 de la OIT recientemente ratificado por el Congreso, y a la Jurisprudencia, tanto de tribunales españoles como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

La nueva norma recoge algunas de esas peticiones del sector, integrado de forma mayoritaria por mujeres y con un alto porcentaje de migrantes. “Este colectivo, especialmente vulnerable, podrá por fin, acceder a la cobertura ofrecida por la prestación por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia de la familia empleadora tras la extinción del contrato de trabajo, como ocurre con el resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena”, se puede leer en la nota de prensa.

Además, se especifican las causas de finalización de la relación laboral en términos semejantes a la de cualquier trabajador o trabajadora. La figura del desistimiento, que permitía un despido sin causa, anacrónica e injusta, desaparece.

Por otro lado, se arbitra un sistema de bonificaciones para la persona empleadora en el coste de las cotizaciones que podría aliviar, en parte, la carga económica para las familias sin por ello restar derechos a las personas trabajadoras.

Sin embargo Cáritas puntualiza que el Real Decreto deja todavía algunos aspectos sin resolver que impiden la equiparación total entre las trabajadoras del hogar y el resto de personas trabajadoras del régimen general. “Se mantienen diferencias en el cálculo de la indemnización por despido y en la cuantía cubierta por parte del FOGASA. De igual manera, de cara a la cobertura por incapacidad permanente o por jubilación, la equiparación plena se ha quedado por el camino”.