La Iglesia avanza en la formación para la protección de los abusos y acoge los casos sin recorrido judicial desde el PRIVA: "Acompañar, reparar y sanar"

La Conferencia Episcopal Española cifra en unas 225.000 personas las que han recibido formación en la prevención de los abusos en el ámbito de las diócesis y congregaciones religiosas, según ha informado el servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, que han presentado ante los obispos su resumen de actividad del año 2024 en el marco de la Asamblea Plenaria.

De estos 225.000 personas, 130.000 fueron niños y adolescentes; 43.000 profesores; 20.000 padres; 18.600 agentes de pastoral; 5.000 sacerdotes; 1.800 consagrados no sacerdotes y 800 seminaristas y consagrados en formación.

Las oficinas reciben 146 nuevos testimonios de abusos, 94 de ellas sin recorrido judicial 

A su vez, el secretario general del episcopado, Francisco César García Magán, ha precisado que las oficinas han acogido 146 nuevos testimonios de abusos, de los cuales 94 no tenían recorrido judicial por fallecimiento del victimario o prescripción del delito, por lo que han podido tener su cauce en la Comisión Asesora de Reparación Integral del plan PRIVA, que inició sus trabajos el pasado mes de septiembre. “El resto de casos (52) tienen recorrido judicial y se acompañan también desde las oficinas de protección de menores”, ha detallado.

Ha querido especificar también que los casos de abusos que llegan a las oficinas no  fueron todos necesariamente cometidos por un religioso o del ámbito eclesial, sino que se dieron “en otros contextos familiares y educativos”, y recalca que las oficinas de protección de menores “no hacen la investigación ni juzgan, sino que reciben la noticia, acogen e informan a la autoridad competente”, ha puntualizado.

Las oficinas de protección de menores y prevención de abusos “desean acompañar, reparar y sanar”, ha agregado.

El secretario general de la CEE ha recordado que las dos acciones de la Iglesia en este ámbito son “la reparación integral” de las víctimas desde el PRIVA que empezó a trabajar en septiembre para revisar aquellos casos que no tienen recorrido judicial y que todavía no han presentado su informe sobre el número de casos que han recibido, y por otro la coordinación de las oficinas de protección.

García Magán recalca que la iglesia asume la reparación de la víctima con o sin recorrido judicial

Cuestionado por la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda servir de cauce para que las víctimas recurran a ella en caso de no haber reparación por vía judicial, el portavoz de los obispos aclara que “los extremos de esa colaboración están por definir”, por lo que se está en vía de diálogo con el Gobierno.

En este sentido, García Magán ha resaltado que la Iglesia está asumiendo la reparación integral de las víctimas, tantos de aquellos casos con recorrido judicial como los que no: “Cada diócesis o instituto religioso ha asumido esa obligación en los casos judiciales, y la reparación de los otros casos es una obligación moral que para nosotros es tan fuerte como la obligación legal. No es una obligación judicial porque cuando una persona muere se extingue su proceso abierto, pero lo asumimos voluntariamente y esa acogida la sentimos obligatoria desde esa obligación moral y vinculante”, ha indicado.