Las cinco propuestas de la Iglesia para revertir la desigualdad y evitar el auge de los populismos

Acabar con la precariedad laboral, el acceso a una vivienda digna o consolidar un un sistema ingresos mínimos, son los deberes que la Conferencia Episcopal Española ha puesto a las administraciones públicas para revertir la pobreza y desigualdades sociales de nuestro país.

“Emerge un hecho social preocupante: la distancia entre quienes por rentas o salarios altos tienen capacidad de ahorro y aquellos que viven al día. Esta distancia, en vez de disminuir, aumenta. La cohesión social está en riesgo. La mayoría de las familias españolas han perdido poder adquisitivo continuamente desde 2008, un hecho que se ve agravado por la creciente inflación”, ha advertido el presidente del episcopado durante su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que celebran esta semana los obispos.

Para el cardenal Juan José Omella es una sorpresa que administraciones central y autonómicas “no hayan corregido el efecto de la inflación en el sistema tributario, en beneficio de los ciudadanos que han visto reducido su poder adquisitivo”.

Y es que como ha alertado Omella, el riesgo de exclusión social está todavía en niveles superiores a los del inicio de la crisis de 2008, al afectar al 23% de la población, al tiempo que “se aprecia un creciente empeoramiento en la situación de los mayores de 65 años”.

“Esto es preocupante porque la precariedad económica tiene un enorme impacto en el futuro de los que hoy son niños. ¿Y qué decir respecto a la pobreza severa, es decir, la de aquellos obligados a vivir con ingresos inferiores al 40% de la renta media? Lamentablemente la pobreza severa está aumentando”, ha avisado.

"La injusticia social puede ser la cuna para los populismos"

Por ello, el arzobispo de Barcelona apela a la reacción de las administraciones para revertir esta situación ya que, como apunta, estas crisis que generan injusticia social “pueden ser la cuna para populismos y desestabilizar el actual modelo de estado social y democrático de derecho”.

“La democracia enferma cuando se cuelan la corrupción y la mirada cortoplacista de los gobernantes políticos y de los dirigentes económicos, lo que conlleva que no se aborden los urgentes problemas estructurales. Necesitamos que los partidos políticos mayoritarios, pensando en el bien común, identifiquen los temas de Estado y trabajen unidos para alcanzar acuerdos duraderos para varias legislaturas”, ha afirmado.

Las cinco propuestas de la CEE para suprimir las desigualdades

1. Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral: "En esta lucha contra la precariedad, se debería hacer un esfuerzo por reducir los efectos de la inflación en la ciudadanía y por mejorar los ingresos, especialmente allí donde son más bajos. Es necesario reconocer adecuadamente la contribución de todos los empleos al bienestar general, asegurando una digna retribución para todos ellos".

2. Consolidar y desarrollar un sistema de garantía de ingresos mínimos. "No hay progreso social si dejamos atrás a un sector importante de la población, incapaz de generar recursos para vivir con suficiente bienestar. Esta garantía de protección debería ser capaz de aliviar a las personas en situación de pobreza severa", estableciendo mecanismos que eviten la picaresca.

3. Mejorar el acceso a una vivienda digna. "Necesitamos políticas públicas consistentes y sostenidas en cooperación con el sector privado. El hecho de contar con una vivienda digna, junto con el acceso al agua, a la energía e Internet, es el umbral del acceso a un bienestar básico".

4. Garantizar la protección a la infancia y a la familia. "El ascensor social desde la parte más baja del edificio no funciona bien. Debemos hacer lo posible para evitar lastrar el futuro de los niños que nacen en las familias más vulnerables. Necesitamos fomentar ayudas, exenciones fiscales y otras medidas en favor de la familia, que favorezcan la conciliación laboral y familiar, colaboren en la crianza de los hijos y promuevan la natalidad, tal como sucede en muchos otros países de Europa".

5. Avanzar en la regularización de las personas migrantes. "Ello tendría efectos positivos, tanto económicos, como de una mayor y mejor integración social"