Los obispos advierten del "derecho y deber” de los católicos "a no realizar prácticas que atenten a su fe"

“Desde hace unas décadas estamos asistiendo a un proceso de aprobación de leyes en las que la vida humana queda gravemente desprotegida. Es un proceso que no ha terminado”. Ante este panorama, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal aprobó en su reunión del 8 y 9 de marzo la publicación de una nota doctrinal de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre la objeción de conciencia.

En el texto, que profundiza en la situación legislativa española “con leyes que se radicalizan”, los obispos intentan ofrecer “criterios y principios a tener en cuenta para afrontar esta problemática” en la que “comportamientos que antes estaban despenalizados pasan a considerarse derechos de los ciudadanos, donde se dificulta la objeción de conciencia de quienes se oponen a colaborar en estas prácticas”.

Por eso, la nota doctrinal “parte de principios de moral fundamental, como la cuestión de la dignidad de la conciencia, y de Doctrina Social de la Iglesia, como la libertad religiosa y de conciencia, la misión del Estado o la naturaleza de los derechos humanos”. El texto ofrece a los católicos “el derecho y el deber que tienen de oponerse activamente a realizar aquellas acciones que atentan contra las exigencias de la fe cristiana o sus valores fundamentales”.

“Los derechos no dependen de la voluntad de los gobernantes”

En el marco de la antropología cristiana, expresada en la doctrina de la encíclica Veritatis Splendor, analiza la imposibilidad de separar “la libertad del respeto a los otros derechos humanos que son universales, inviolables y, por tanto, inseparables entre ellos; derechos que no dependen de la voluntad de los gobernantes, sino que se derivan de la dignidad humana y del hecho de que el ser humano ha sido creado por Dios”.

Según los obispos, “en la cultura actual, los derechos personales no son vistos límites que el Estado no puede traspasar en su relación con las personas, sino como expresión de los propios deseos subjetivos”. Por ello, actualmente “muchos católicos viven en conflicto entre lo que las leyes promueven y sus propias convicciones morales”.

La dignidad de la conciencia humana “exige que sus decisiones se inspiren siempre en unos principios básicos de moralidad que tienen un valor universal”. Por su parte, la misión del Estado “debe respetar la autonomía y la libertad de las personas, el principio de subsidiariedad y sus límites en el ejercicio del poder”. En este punto, el texto denuncia que “cuando los poderes públicos se erigen en difusores de una determinada ideología o en promotores de ciertos valores morales que son opinables, están traspasando el límite de su misión”.

La objeción de conciencia

Los obispos destacan en su nota que también la objeción de conciencia tiene sus limitaciones: “No se puede objetar a cualquier ley, sino a aquellas que atentan contra elementos esenciales de la propia religión o las que minan los fundamentos de la dignidad humana y de la convivencia basada en la justicia”.

Por eso, insisten, que es deber del Estado “reconocer este derecho y no discriminar a quienes lo ejercen es paralelo a la obligación de los cristianos de evitar cualquier tipo de cooperación material o formal directa con aquellos actos que atentan contra el derecho a la vida, y cualquier acción que pueda ser interpretada como cooperación, aunque sea indirecta, o aprobación de estos actos”.

Por último, el documento concluye con un apartado titulado “La libertad cristiana” en el que se destaca “lo que muchas veces humanamente parece imposible, por la gracia de Dios es posible para quien vive una existencia cristiana auténtica en la fe, la esperanza y la caridad, esto es en la libertad, porque quien está unido a Cristo no se deja vencer por el miedo ante la presión de una cultura que oscurece los valores que dignifican al ser humano”.