Los obispos ponen fecha a Cremades para la entrega de la auditoría sobre abusos: Diez días

Diez días. Este es el plazo que según aseguran fuentes de la Conferencia Episcopal Española los obispos han dado al bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para entregar el informe correspondiente a la auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia encargado en el mes de febrero de 2022.

Si dicha entrega no se produjera en este plazo, se entendería que se han incumplido los términos de contrato, que en su presentación se estimaron en un año aproximado de duración.

En la última comparecencia del secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, hizo alusión a la demora en la presentación de la auditoría, que ya en junio se había anunciado para su posible presentación en septiembre. De hecho, desveló que durante la última Comisión Permanente celebrada los días 26 y 27 de septiembre, se reunieron con Javier Cremades y dos miembros de su equipo, que confirmaron que preveían tener “el texto definitivo” en las siguientes semanas.

Fue en ese momento cuando el secretario general anunció que "será estudiado por la Comisión Ejecutiva" y que sería presentado al resto de obispos y a la sociedad, aunque destacó "que a los obispos no nos gusta el retraso". No obstante, desvinculó a la Conferencia Episcopal de los motivos de la demora y aseguró que, por respeto a la imparcialidad, "no hemos interferido y estamos esperando a que se nos entregue".

Un trabajo complementario

Esta auditoría se muestra como un trabajo complementario al que se vienen realizando en las oficinas de protección de menores abiertas en todas las diócesis españolas.

Además, la CEE presentó en junio de 2023 la Instrucción sobre abusos a menores, la primera de esta naturaleza emanada por una Conferencia Episcopal en todo el mundo, unifica y tiene vigencia para toda la Iglesia en España. De esta manera se evita la proliferación de normas particulares y se refuerzan las garantías jurídicas.

La instrucción pone en el centro la protección de los denunciantes, sin perjuicio para los derechos de todas las partes. Las Oficinas de Protección de menoresreciben los testimonios y se llevan a cabo los primeros pasos, entre ellos, el asesoramiento y guía de posibles procedimientos judiciales. Además, durante las investigaciones previas, la instrucción prevé poner a disposición de la persona denunciante y sus familias acompañamiento espiritual, médico y psicológico. También amplía la comunicación con víctimas y denunciantes en los distintos momentos procesales, a fin de que puedan hacer valer los derechos que les correspondan.

Informe “Para dar luz”