Mons. Argüello afirma que el testamento vital muestra el rechazo social a la eutanasia: "Ataca a la dignidad"

La futura ley que regulariza la práctica de la eutanasia que podría ser aprobada definitivamente en el próximo mes de marzo, es uno de los asuntos que se abordan en la Comisión Permanente que la Conferencia Episcopal Española está celebrando desde este martes y hasta el miércoles.

Durante el encuentro, los obispos presentes en la Comisión Permanente recibirán información sobre el proceso que se ha de seguir para cumplimentar el borrador del testamento vital, con el que la Conferencia Episcopal pretende limitar los posibles abusos que podría traer consigo esta normativa en nuestro país.

De esta forma, el testamento vital propone que los ciudadanos que así lo deseen puedan declarar explícitamente que rechazan la eutanasia en favor de otros tratamientos médicos, como los cuidados paliativos. Un documento que tendría que ser registrado en la comunidad autónoma pertinente para que tenga valor jurídico.

El Secretario General del organismo episcopal, Mons. Luis Argüello, ha explicado en Aleluya que “ahora no basta solo con descargarse un borrador de testamento vital, sino que hay que tener en cuenta la legislación de cada comunidad autónoma. Además, el proyecto de ley que termine siendo aprobado en marzo, habla de la posibilidad de hacer este tipo de declaración de intenciones”.

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Comisión Permanente

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De esta manera, para que la CEE realice su propuesta definitiva en torno al testamento vital, será presentado en la Comisión Permanente un estudio de cómo está la situación en cada autonomía: “Es un testamento que se registra en las oficinas de las comunidades autónomas,. Es una previsión de futuro y una manifestación en el presente de cuál es el pensamiento de la gente sobre esta ley que ataca la dignidad humana”.

En caso de darse situaciones en las que el enfermo no puede decidir sobre su propia salud por incapacidad debido a la propia enfermedad, accidente o vejez, el camino para ayudar al personal sanitario es la consideración de la voluntad del paciente manifestado previamente a la pérdida de la capacidad de razonar.

La persona que firme esta declaración tiene que estar en plena posesión de las facultades mentales. La rúbrica se hará ante la presencia de tres testigos o bien bajo la eventual intervención de un notario.