La nueva fiscalidad de la Iglesia: "Compromiso con la sociedad y con el bien común"

La Santa Sede y el Gobierno de España han firmado esta semana un intercambio de notas que ha modificado el contenido del Acuerdo sobre asuntos económicos de 1979. Mediante este intercambio de notas, la Santa Sede renuncia a las exenciones en el ICIO (Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras), así como a las exenciones por contribuciones especiales.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos económicos de la CEE ha explicado en el Canal 24h de TVE el nuevo sistema fiscal de la Iglesia a partir de la renuncia de la Iglesia a la exención del ICIO.

Comparecencia de Fernando Giménez Barriocanal

Ello supone, en la práctica, que la Iglesia en España tendrá, a partir de este momento, el mismo régimen de exenciones fiscales que el resto de confesiones religiosas que tienen suscritos convenios de colaboración con el Estado. Se trata además del mismo régimen especial aplicable a las fundaciones, incluidas las de los partidos políticos, asociaciones de utilidad pública, ONGs de desarrollo, federaciones deportivas, etc. El régimen fiscal previsto en la ley de mecenazgo.

Ya en 2006 la Iglesia, en otro intercambio de notas, renunció a las exenciones y no sujeciones por IVA y ahora se completa con el resto de las exenciones que no tienen los demás. La Iglesia, en sus aspectos económicos, quiere operar en la sociedad bajo el principio de no privilegio y no discriminación, y siempre además en el pleno respeto al derecho a la libertad religiosa.

A partir de este momento, en consecuencia, no se podrá hablar de “privilegios fiscales de la Iglesia”, en tanto en cuanto su régimen de beneficios fiscales es el mismo que el del resto de entidades no lucrativas. El Gobierno, por su parte, declara su compromiso de respetar este régimen de equiparación previsto en la ley, tanto en el contenido del régimen fiscal como en el sistema de acceso establecido para las confesiones religiosas: un sistema de equiparación.

Es posible que algunos se pregunten por la polémica relativa al IBI que periódicamente aparece en la escena mediática. ¿Pagará la Iglesia, por fin, el IBI? La realidad es que no hay tal polémica. La Iglesia paga el IBI de todos sus bienes salvo aquellos que están específicamente exentos en el artículo 15 de la ley 49/2002. Unas exenciones que son exactamente iguales que las que tienen el resto de entidades sujetas a este régimen fiscal y, por tanto, que no derivan de ningún acuerdo con la Iglesia. El régimen fiscal vigente no diferencia a la Iglesia, en materia de IBI, del resto de entidades no lucrativas. No existe ningún régimen especial para la Iglesia en este impuesto. Si el Parlamento determina otra cosa eso implicaría a todas las instituciones señaladas en la Ley de Mecenazgo.

Podrá discutirse si un comedor social de Caritas debe pagar o no IBI, o si un bien propiedad de una fundación y alquilado a un tercero lo debe hacer. Pero esa discusión debe hacerse con todo el sector y no solo con la Iglesia. Las exenciones fiscales para las entidades no lucrativas existen en todos los sistemas tributarios modernos y permiten a las entidades beneficiarias realizar su labor en favor de la sociedad. Una labor que ahorra mucho dinero a los contribuyentes y que genera un gran valor social.

Este acuerdo es un paso más en el camino ya iniciado por la Iglesia en España hace varias décadas de adaptación a la sociedad y de trasparencia. Sin privilegios, pero sin discriminaciones, en el pleno respeto al principio de libertad religiosa. En este contexto, la Iglesia reitera su compromiso con la sociedad y con el bien común, dando a conocer el conjunto de iniciativas que realiza y que constituyen su contribución a la sociedad. Un ejemplo de ello lo tenemos cada año en la Memoria de actividades que se presenta en el mes de mayo, una memoria sometida a un proceso de verificación externa y disponible en la web de la Conferencia Episcopal.

Evidentemente, como todo acuerdo, no ha sido fácil, porque requería del esfuerzo y la flexibilidad de todas las partes y no siempre es sencillo llegar a un punto de equilibrio. Hay que agradecer, por tanto, la voluntad de todos para, desde posturas y enfoque muy diversos, haber sido capaces de llegar a un este texto.

Tal vez algunos quieran hacer una lectura política del acuerdo y de la oportunidad del mismo. Con todo respeto, la Iglesia se maneja en otras coordenadas y en otros contextos. El acuerdo llevaba gestándose desde hace meses, pero la necesidad de dotarle del marco jurídico adecuado conforme al derecho internacional requería sus tiempos, que han concluido en este momento.

La Iglesia quiere seguir haciendo su labor en la sociedad, proponiendo sus valores y contribuyendo al bien común. Sin privilegios, sin discriminaciones.

Fernando Giménez Barriocanal

Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Español