Canarias es la única comunidad donde los niveles de exclusión han crecido en los últimos cinco años

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias, que se ha presentado ayer en Las Palmas de Gran Canaria es, en palabras de su coordinador Guillermo Fernández, "un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la poscrisis en Canarias", según indicó esta mañana Cáritas Española. Para la realización del VIII Informe en Canarias se ha contado con más un equipo de investigación solvente y comprometido con la realidad de los más pobres, que ha realizado entrevistas en profundidad a una muestra representativa de los hogares y la población canaria repartida por el conjunto del territorio de la comunidad autónoma.

El Informe FOESSA Canarias pone de manifiesto las consecuencias de la gran recesión y cómo se está enfocando la salida de ésta. Vivimos en un momento de clara mutación social. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza globales, la erosión de las instituciones públicas, la gestión insolidaria de las crisis, el ascenso de los particularismos y las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo, alcanzan los aspectos más esenciales de nuestro ser. Este Informe es un relato realizado al servicio de nuestros decisores políticos y de la sociedad en su conjunto.

¿Qué está sucediendo en Canarias?

La primera idea es que la exclusión social se enquista en la estructura social de nuestro país. Hoy el número de personas en exclusión social en Canarias es de 617 mil, el 29% de la población de la comunidad autónoma. Es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para las que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta. Canarias en la única Comunidad Autónoma donde los niveles de exclusión han crecido en los últimos 5 años. Desde el 2013 a 2018 la exclusión social ha pasado del 28,6% al 29%.

Pero dentro de ella, existe un grupo especialmente vulnerable afectado por problemas de exclusión, que acumulan tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado, son 334 mil personas en situación de exclusión social severa. Ha pasado de representar un 10,7% de la población canaria en el año 2013 a un 15,7% en el año 2018, porcentaje muy superior a la del conjunto de España y el resto de las Comunidades Autónomas. Son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos, son algunas de sus características.

La segunda idea es que Canarias se caracteriza por una tendencia dicotómica durante la recuperación, en la que conviven una mejora nítida en los niveles de integración (del 26,1% de la población en al año 2013 al 40,1% hoy en día) y en los índices económicos, aparejados a una reducción de la desigualdad, pero que al mismo tiempo presenta un crecimiento de la exclusión severa, que no siente los efectos de la recuperación y, de hecho, agrava sus condiciones de vida, produciéndose un proceso de acumulación de dificultades en la parte más crítica de la exclusión severa.

En ese sentido, los datos de la encuesta ponen por tanto de manifiesto la existencia de un alto riesgo de cronificación de las situaciones de exclusión social y, sobre todo, de polarización de la estructura social. Quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta en un 16,8%. Por el contrario, el 20% de la población más rica habría incrementado su renta en un 8,3%.

Por otro lado, se han identificado tres bloques principales de riesgos sociales que afectan con más fuerza a esa parte de la sociedad integrada, pero precarizada e insegura, siendo más vulnerable todavía en la sociedad excluida y estancada.

El primero se refiere a la vivienda, ya que es un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes. En Canarias la exclusión de la vivienda ocupa el primer lugar tanto para el conjunto de la población como para la población en exclusión. El 68,1% de las personas en exclusión severa se encuentran afectadas por esta situación.

Algunos de los indicadores más destacados serían:

? 117.000 hogares con gastos excesivos en la vivienda

? 105.000 hogares sufren situaciones de insalubridad

? 59.000 hogares con personas con discapacidad y con barreras arquitectónicas

? 25.000 hogares tienen deficiencias graves en la construcción

? 19.000 hogares presentan situaciones de hacinamiento

? 99.900 hogares en viviendas inadecuadas para su habitabilidad

? 46.500 hogares en situación de vivienda insegura (vivir temporalmente sin contrato de arrendamiento, vivir bajo la amenaza de la violencia, o con notificación de desahucio?)

El segundo bloque de riesgos se refiere al empleo como factor de integración. El desempleo, a pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos. Algunas cifras sobre la pérdida de capacidad de integración del empleo:

? El 20,4% de las personas que trabajan están en exclusión social en Canarias (12,8 en exclusión social moderada en Canarias, y el 7,6% en pobreza severa).

? El 52,7% de los hogares en exclusión social en Canarias registran tasas de intensidad laboral muy baja, por debajo del 20% de la jornada anual disponible.

? La mayores tasas de pobreza y exclusión se siguen concentrando en el colectivo de personas desempleadas, así el Informe constata que el 75,3% de las personas desempleadas en Canarias se encuentran en el espacio de exclusión y el 62,2% en exclusión severa. Los datos demuestran que no contar con un empleo multiplica el riesgo de caer en situación de exclusión o pobreza severa.

? Los niveles de exclusión social son más elevados entre la población con jornadas parciales que entre los que la realizan a jornada completa.

Un tercer bloque de riesgos se refiere a la salud. Canarias presenta una prevalencia mayor de problemas relacionados con la salud que en el conjunto de España. El 21,7% de la población canaria se encuentra afectada por la exclusión social en la dimensión de la salud. Asimismo, el 12,8% de la población reside en hogares que han dejado de comprar medicinas y/o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

Además de estos bloques principales de riesgos la distribución de la exclusión en Canarias nos ofrece los siguientes perfiles sociodemográficos de los hogares:

? El 59,6% de las personas en situación de exclusión también está en situación de pobreza monetaria.

? 1 de cada 2 personas excluidas trabajan. Tener un empleo no es garantía de integración.

? 1 de cada 2 personas excluidas carece de estudios básicos completos.

? El 22,7% de los hogares en exclusión están sustentados por personas entre 30 y 44 años.

? 4 de cada 5 personas que sustentan hogares canarios en exclusión son de nacionalidad española. Aunque si se es extranjero, la probabilidad de estar en el espacio de la exclusión es mayor.

El mayor riesgo de exclusión se concentra en los hogares con menores, monoparentales y de familias numerosas, con una tasa de exclusión del 50,6% y 51,5% respectivamente. Se consolida la mayor exposición de las familias con niños y de la juventud a la exclusión social, constituyéndose riesgos relacionados con la etapa de crianza de las familias, la pérdida de capital humano, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la frustración de proyectos vitales independientes. Los datos de la Encuesta FOESSA sostienen que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales e ingresos reducidos aumentan las probabilidades de heredar la exclusión, que, desde la infancia, continúa limitando las capacidades de las personas menos afortunadas.

Democracia, participación social y políticas públicas

En este VIII Informe de la Fundación FOESSA constatamos la pérdida de calidad de nuestra democracia, que se asienta sobre una participación cívico política de baja intensidad (en Canarias solo muestra interés por la misma el 17,7% de la población). El Informe también constata que las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales. Si las personas excluidas no votan, no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto esto ahondará más en su situación de exclusión social.

A pesar de esa falta de participación, la ciudadanía sigue apoyando el Estado de Bienestar como mecanismo de protección social. Más de 8 de cada 10 canarios optaría por tener más prestaciones y servicios sociales pagando más impuestos. Canarias se caracteriza por un gasto en protección social inferior a la media española y su sistema de protección social no está evitando que las situaciones de exclusión social se extiendan o mantengan entre las personas beneficiarias.

FOESSA apela a la necesidad de crear un nuevo escenario con responsabilidades compartidas. Se abre la necesidad de dialogar en torno a la creación de un sector público compuesto por el espacio de trabajo conjunto de las administraciones públicas, las entidades no lucrativas y las empresas sociales, con las iniciativas ciudadanas y profesionales.

La segunda conversación, muy relacionada con la exclusión social, debería versar sobre si queremos condicionar el acceso a la supervivencia de las personas a mecanismos de prestaciones y rentas condicionadas o a través de mecanismos de rentas garantizadas.