La CEE no descarta apoyar un recurso de inconstitucionalidad a la 'Ley Celaá' pero confía en el diálogo

La reforma educativa de Isabel Celaá se ha aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados por la mínima y con un fuerte rechazo por parte de la oposición y amplios espectros de la sociedad. La Iglesia también se ha mostrado contraria a la hora de aprobar la LOMLOE, que sería la octava ley de Educación que entra en vigor en España en democracia, y que una vez más marcada por la falta de consenso y, además, en plena pandemia.

Los ataques a la educación concertada, el ninguneo a la asignatura de Religión y cercenar la libertad educativa de las familias, son algunos de los aspectos que ha criticado la Conferencia Episcopal Española en la nota publicada en la Asamblea Plenaria.

El Secretario General del organismo, Mons. Luis Argüello, ha manifestado ante la prensa que en cualquier caso “hay que esperar a que la ley sea aprobada, pero nos parece que lo que establece el artículo 27 de la Constitución sobre la libertad de enseñanza, fuerza mucho este artículo. Deseamos que en el periodo que falta para su aprobación final, se mejore la misma, ya que como vimos esa división en el Congreso, también existe en la sociedad”.

El obispo auxiliar de Valladolid ha remarcado que de la ley educativa no solo le preocupa la asignatura de Religión o el estatus de la Escuela Concertada, sino en lo que significa la Educación en una sociedad. “En un momento en el que estamos de gran revolución tecnológica, de mirar al futuro de riesgos para una comprensión humanista de la propia organización de la sociedad, es importante ese cultivo de una educación en un desarrollo humano integral”.

Por eso, la CEE ofreció el pasado verano al Ministerio la posibilidad de una propuesta global en el que se tuviera en cuenta algunos de los rasgos pedagógicos que recoge la LOMLOE respecto a competencias, y “ofrecerlo en un ámbito en el que estando el estatus de la enseñanza religiosa en la escuela de manera confesional por parte de la Iglesia y otras confesiones, pudiésemos hacerlo en un ámbito global, en el que la educación humanista, la preocupación por el significado de la vida, la formación moral se ofreciese a todos”.

Una propuesta, ha lamentado el portavoz de los obispos, “no ha sido contestada y ni siquiera estudiada de manera conjunta, pero no queremos perder la esperanza, porque una ley educativa tiene decretos que la desarrollan, y nuestro sistema autonómico tiene competencias en el ámbito educativo. Por eso, seguimos tendiendo la mano a dialogar y colaborar”.

Preguntado si la Iglesia tiene previsto llevar a los tribunales la ‘Ley Celaá’, el Secretario General apunta que no por el momento: “Llamamos de momento al pacto y al encuentro, pero estamos dispuesto a poder apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de inconstitucionalidad si la ley finalmente tiene estos aspectos aprobados. Pero hasta que no acabe este tramo de elaboración de la ley, pedimos pacto y diálogo”, sentencia Mons. Argüello.

La nota de la Conferencia Episcopal Española tras la aprobación de la 'Ley Celaá'

La Educación tiene un significado singular y relevante para la vida y el futuro de niños y jóvenes, de las familias y de la sociedad entera. Es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de una nación y su salud democrática. Por la gran inquietud que ha generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley, les parece necesario ofrecer algunas reflexiones:

1) Antes de cualquier consideración quieren mostrar el reconocimiento a todos los docentes que en este tiempo de pandemia están redoblando sus esfuerzos para seguir educando y formando a las nuevas generaciones. Es un trabajo silencioso, pero les consta que se realiza con una dedicación personal y profesional que permite mantener la tarea escolar por encima de todo.

2) Por ello, lamentan en particular que se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados. Ello ha impedido la participación adecuada de toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales.

Consideran necesario insistir en que el verdadero sujeto de la educación es la sociedad, y, en primer lugar, las familias. No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad -a cuyo servicio está llamado-, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público.

Con el papa Francisco quieren recordar la urgencia de un Pacto Educativo Global, que el Gobierno ha aplaudido de manera informal, y que significa privilegiar el camino del diálogo, de la escucha y del acuerdo, de modo que las propias posiciones ideológicas (todas ellas “confesionales”) no se conviertan en criterio de exclusión. En palabras del presidente de la CEE al inicio de esta A. Plenaria: “sería conveniente que de este pacto educativo pudiera concretarse una ley sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno”.

3) Tras el camino recorrido durante la tramitación de la ley, ven necesario pedir que esta ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en el art 27 de la Constitución y en su interpretación jurisprudencial. Les preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos.

Comprenden y apoyan los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades especiales.

4) En este mismo sentido afirman, de nuevo, que la ley debería recoger la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo: libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones.

5) Lamentan profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. No es el momento de enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país.

6) En diálogo con el Ministerio, la CEE ha recordado que no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral. Por eso, ha propuesto que la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común para todos los alumnos, en un modo que no genere para nadie agravios comparativos. Y ha recordado que esta asignatura no debe ser considerada ajena al proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas fundamentales.

Lamentablemente la propuesta hecha por la CEE no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar.

Quieren recordar que no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento. Al contrario, respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado. Es escogida con buenas razones por una mayoría de familias, y reconocida en su contribución a la educación integral de la persona y su compromiso en la sociedad. De hecho, está presente en la mayoría de los sistemas educativos europeos.

7) La Iglesia ha desarrollado una gran tradición educativa, que ha sido y desean que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad. Más allá del debate sobre una ley, es consciente de la necesidad de seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral. Y, como Pueblo de Dios, en todos sus miembros, seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad.