Bolivia: Los obispos piden al gobierno que deje de manipular e instrumentalizar la justicia

La Iglesia boliviana pide al gobierno que deje de manipular e instrumentalizar la justicia y que actúe ya para que sus «promesas de reforma» no queden en el olvido. Lo hace en una declaración del Comité Permanente del episcopado en la que alude a dos «escándalos»: la liberación, por un lado, de varios feminicidas condenados a la pena máxima (treinta años sin derecho a indulto), y el juicio a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso «Golpe de Estado», por otro.

«Es urgente contar con un Sistema Judicial idóneo e imparcial que devuelva la confianza y la esperanza a tantas personas víctimas de la retardación y manipulación de la justicia», denuncia la jerarquía, que añade: «Es hora de dejar de perder el tiempo en la instrumentalización de la justicia (…)».

La vista contra la exmandataria y otras autoridades del gobierno de transición instalado en 2019 —militares, policías y civiles— comenzó hace dos semanas. Los obispos dicen que el proceso tiene lugar «entre graves deficiencias legales y violando los derechos humanos más elementales». Y expresan sus dudas de que en él no se quiera encubrir la «verdad» de lo acontecido en aquella crisis institucional. «Lo que el Pueblo Boliviano quiere —dice la Iglesia— es que la Administración de la Justicia actúe en el estricto cumplimiento de las leyes, con transparencia, autonomía y en un total respeto a la verdad».

Hace doce días, Áñez, que lleva casi un año en prisión preventiva en la cárcel de Miraflores, en La Paz, se declaró en huelga de hambre. Su delicado estado de salud hizo que el pasado viernes, 18 de febrero, un juez autorizase su traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica urgente.

Los obispos habían pedido ese mismo día una «atención hospitalaria adecuada» para ella, así como «un juicio con el debido proceso y en libertad». El pronunciamiento eclesial, leído por el secretario general del episcopado, Giovani Arana, pedía asimismo a la detenida que pusiera fin a esa «medida extrema» y que confiase «en que la verdad saldrá a la luz».

La expresidenta afronta cargos por terrorismo, conspiración y sedición. Dos excomandantes, que el 11 de febrero reconocieron su implicación en el supuesto «golpe de Estado» y se declararon culpables, han sido condenados a tres años de prisión. Áñez niega las acusaciones y dice que ella es una «presa política».

Para los obispos no hubo golpe

La crisis de 2019 tuvo por detonante las elecciones del 20 de octubre, en las que la autoridad electoral otorgó la victoria al expresidente Evo Morales sin necesidad de una segunda vuelta. Ante las acusaciones de fraude y las graves protestas callejeras, en las que hubo numerosos muertos y heridos, el gobierno se vio forzado a aceptar que una misión independiente de la OEA avalase la limpieza del proceso. Esta, sin embargo, concluyó que había habido graves manipulaciones en el sistema informático y recomendó repetir las votaciones.

El gobierno se mostró dispuesto a ello, así como a llevar ante la justicia a los miembros del Tribunal Electoral, pero los acontecimientos se precipitaron y el 10 de noviembre los jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas «sugirieron» al Presidente su renuncia por el bien del país. Después de ver su casa saqueada y temiendo por su vida, Morales y las máximas autoridades del país dimitieron y partieron rumbo al exilio en México. El poder acabó en manos de la entonces senadora Áñez. En aquellos convulsos días, la Conferencia emitió un comunicado junto a otras tres entidades en las que dijo que lo que estaba pasando en Bolivia «no es un golpe de Estado».