Eritrea: El gobierno detiene a un obispo y a dos sacerdotes católicos

El obispo católico de Segheneiti, Tsalim Fikremariam Hagos, fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Asmara, capital de Eritrea, cuando regresaba de un viaje a Europa, según ha informado la BBC. Unos días antes la policía había arrestado también a dos sacerdotes: el capuchino Padre Abraham, y Mihretab Stefanos, este último párroco de la iglesia de San Miguel en la localidad de Tesseney, fronteriza con Sudán.

Las autoridades no han comunicado el paradero de los detenidos ni de qué se les acusa, aunque todo parece indicar que las detenciones están motivados por sus manifestaciones contrarias a la participación del país en la guerra del Tigray.

El gobierno eritreo ha lanzado en los últimos días una ofensiva a gran escala contra esta región etíope secesionista. La acometida militar en apoyo de Addis Abeba se produce tras cinco meses de tregua humanitaria y ha suscitado gran descontento entre la población. En Eritrea el servicio militar es obligatorio y puede durar diez años o más, de ahí que muchos jóvenes perseguidos por su negativa a servir al país durante tanto tiempo emprendan un incierto y peligroso viaje hacia Europa.

La comunidad internacional también ha condenado la creciente participación de las tropas de Asmara en el conflicto del Tigray. «Instamos a la fuerzas de Eritrea a cesar sus operaciones militares y retirarse del norte de Etiopía», manifestaron la pasada semana Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, Dinamarca y Países Bajos en un comunicado conjunto. «Todos los actores extranjeros deben cesar las acciones que alimentan este conflicto».

La Iglesia, la única voz crítica

El obispo Fikremariam se había pronunciado públicamente en contra de la guerra y había pedido a los fieles que no compraran los bienes que los soldados roban a la población del Tigray y que se venden luego en los mercados. «La Iglesia católica —señala Nigrizia, publicación de los misioneros Combonianos— ha expresado de manera reiterada y clara su preocupación por la situación del país y el sufrimiento de su población a través de una serie de cartas pastorales firmadas por los cuatro obispos. Se puede decir sin temor a negar que su voz sigue siendo la única crítica dentro de Eritrea».

El prelado arrestado tiene 51 años y recibió la ordenación episcopal en 2012. Su sede, Segheneity, de la que es el primer obispo, está al sur del país. Situada en el Cuerno de África, Eritrea cuenta con 5,9 millones de habitantes, de los que el 4% son católicos.

Persecución de la religiones

Eritrea es una dictadura gobernada desde hace treinta años por Isaías Afewerki en la que los derechos y libertades brillan por su ausencia. En esta antigua colonia italiana nunca ha habido elecciones, y el único partido reconocido sigue siendo el Frente para la Democracia y la Justicia del Pueblo (FDJP). La Constitución proyectada en los años noventa que debía recoger estos derechos nunca ha llegado a entrar en vigor. Su artículo 19 establece que «toda persona tendrá derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia», así como «libertad para practicar cualquier religión», pero a la hora de la verdad el gobierno solo ha reconocido oficialmente a cuatro confesiones: la Iglesia ortodoxa Tewahedo, la Iglesia evangélica luterana, la Iglesia católica y el islam suní.

Las cárceles del país están repletas de presos por motivos religiosos, la mayoría fieles de la Iglesia evangélica. El gobierno no tolera críticas, y la prueba es el arzobispo copto Antonios, que pasó 16 años bajo arresto domiciliario por criticar la injerencia estatal en los asuntos religiosos antes de fallecer el pasado 9 de febrero con 94 años.

La libertad de acción de las religiones autorizadas es, además, limitada, pues se exige a estas que ciñan su actuación al culto. Para desarrollar actividades de tipo social (en la sanidad, la enseñanza, etc.), han de registrase como organizaciones no gubernamentales y comprometerse a desempeñarla sin financiación extranjera, algo sumamente dificultoso. De hecho, en los últimos años el gobierno ha intervenido las obras sociales de ortodoxos, musulmanes y católicos. En 2019 cerró siete escuelas gestionadas por la Iglesia católica y le confiscó 29 clínicas y hospitales. Los movimientos de los ministros del culto están también controlados a través de la expedición de pasaportes y visados.

Al reclutamiento militar obligatorio no es ajeno el clero. «Se niega también el pasaporte y los visados de salida para continuar los estudios teológicos en el extranjero a los seminaristas que no han finalizado su servicio militar», recordaba hace cuatro años un informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la situación de la libertad religiosa en este país.

Según esta fundación pontificia, los testigos de Jehová son probablemente el grupo religioso más atacado por el régimen. A sus miembros «se les despojó de la ciudadanía de forma colectiva en 1994 por no haber querido participar en el referéndum de independencia de 1993. Conforme a esta medida, el Gobierno se ha negado a entregarles documentación oficial como, por ejemplo, pasaportes, documentos de identidad (necesarios para acceder al empleo) o visados de salida».