La Iglesia en Perú exige que la "Tercera Toma de Lima" sea una manifestación pacífica: "¡Ni un muerto más!"

El pueblo peruano se manifestará por tercera vez contra el gobierno de Dina Boluarte este miércoles, 19 de julio. Este movimiento partió del postergado sur, el pasado día 13 y llegará hoy, día 19, a Lima, capital de Perú.

Algunos medios estiman que la Tercera Toma de Lima movilizará a más de 13.000 personas de todas las regiones del país y que, además, aparte de las manifestaciones que tendrán lugar en Limá, estas protestas contra el Gobierno Interino constituido en Perú desde la destitución de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del año 2022, serán prolongadas en otras ciudades de Perú.

Será una nueva ocasión para que el pueblo vuelva a exigir del Gobierno unas elecciones anticipadas y el desprestigiado cierre del Congreso, sobre todo, ahora que Dina Boluarte ha decidido prolongar su mandato interino hasta el año 2026.

Los obispos de Perú han salido al paso, ante el miedo de que esta marcha sea una nueva ocasión de violencia y vandalismo, como en la anterior ocasión que tuvo lugar en el mes de enero del presente año, y que dejó un saldo de 53 víctimas y un suboficial de la policía fue quedado vivo. El episcopado peruano ha reaccionado con la publicación de un importante comunicado donde hace un llamamiento para que la "Tercera toma de Lima" sea una manifestación pacífica. "Ningún peruano (a) tiene la potestad de levantar la mano contra otro (a)", exclaman los obispos.

Aunque, en este comunicado, los obispos reconocen la legitimidad del derecho a la protesta como un pilar de la democracia. Sin embargo, insisten que tal legitimidad podría perder su eficacia y valor, cuando se ejerce con actos violentos y vandálicos. En este sentido, los obispos claman en favor del respeto de los Derechos Humanos e insisten que el ejercicio del derecho a la manifestación, jamás puede ser un expolio contra el estricto respeto a la vida, al derecho al trabajo, a la libertad de movimiento y al de la salud.

La reacción del gobierno interino de Dina Boluarte, que, a pesar de gozar de pocos apoyos de la población, sólo el 14,4% según las encuestas de la consultoría CPI, ha tomado la convocatoria de esta nueva movilización ciudadana como una cuestión personal.

También ha advertido que elevará los delitos que surjan de estas movilizaciones como Delitos en Estado de Emergencia, incluso ha calificado estas manifestaciones como una amenaza a la democracia y al estado de derecho. También ha insistido en que el ejecutivo no permitirá esta violación contra la institucionalidad. En este sentido, la Conferencia Episcopal Peruana ha llamado al Gobierno a que escuche al pueblo y que no sea ajeno a los justos reclamos y urgentes necesidades, porque "no hay democracia sin presencia y participación de la población", insisten los obispos.