Las iglesias de Chile y Bolivia piden a los gobiernos asistencia humanitaria: "No se naturalice la violencia"

Una decena de instituciones católicas que enfrentan a diario la crisis migratoria piden la apertura de las fronteras entre estos dos países

Las iglesias de Chile y Bolivia piden a los gobiernos asistencia humanitaria: "No se naturalice la violencia"

Vatican News

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“Heroes de estos tiempos”, es la definición que una decena de instituciones católicas de Chile y Bolivia, dan al fenómeno de la migración, causada por la violencia, la pobreza, la intolerancia, el abuso de poder y la falta de justicia que han abierto una profunda herida en la región Latinoamericana.

Cáritas Bolivia, Cáritas Chile, Cáritas Potosí, Cáritas Iquique, Cáritas Oruro, Cáritas Calama, Findación Scalabrini, Instituto Católico chileno de Migración (INCAMI) y World Visión Arica firman una Carta abierta a los gobiernos nacionales de Chile y de Bolivia para que se tomen acciones concretas en defensa de miles de hombres y mujeres impulsados a huir de sus países y hogares en busca de una vida digna.

“Por caminos peligrosos y clandestinos caminan hombres, mujeres, jóvenes y niños, con el temor constante de ser detenidos, de convertirse en víctimas de traficantes o de perder la vida en el intento. El hambre, la incertidumbre y la desesperanza, acentuados más aún por las actuales condiciones de pandemia sanitaria, son sus compañeros de viaje”, se lee en la declaración que viendo la situación de hermanos migrantes en la frontera que compartimos Chile y Bolivia.

Ante este panorama, las instituciones firmantes llaman a las autoridades nacionales a ocuparse con urgencia y coherencia de la situación, promoviendo y fortaleciendo políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades de las poblaciones vulneradas de los países de acogida. Pero en particular, que se abran las fronteras, se promueva la asistencia humanitaria y las expresiones de solidaridad en las poblaciones de nuestros países, pero también el respeto a las costumbres y principios propios de los territorios en los extranjeros.

“Hacemos un llamado a los gobiernos para que la respuesta a la migración forzada que hoy tiñe de dolor nuestros pasos y caminos fronterizos sean políticas públicas basadas en el respeto a los derechos humanos, a la libertad de tránsito y a la protección internacional. No queremos una sociedad insensible y poco solidaria”, afirma la declaración.

La crisis migratoria en Suramérica está representada principalmente por los venezolanos que escapan de una grave crisis humanitaria y socioeconómica. Cerca de 6 millones han salido de Venezuela en los últimos años y según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se trata de la segunda situación de desplazamiento más grandes del mundo después de Siria.

Pese al cierre de fronteras por el coronavirus, entre 500 y 700 migrantes y refugiados de Venezuela siguen saliendo diariamente, principalmente a través de Colombia. Refugio, asilo, residencia o permisos temporales son los mecanismos a los que acuden o que los Gobiernos han activado, pero cada vez son más los que intentan entrar clandestinamente a los países que ya han militarizado fronteras y alzado muros. Los episodios de rechazo, discriminación y abuso son cada vez más frecuentes

La declaración advierte que la migración forzada en los últimos años ha causado tensiones en las comunidades de acogida y que el trabajo de las instituciones ha procurado ayudar y crear conciencia de esta realidad para que no se “naturalice la violencia, la xenofobia, la exclusión, la explotación laboral, la trata o el tráfico o las muertes anónimas” o para que no se globalice la indiferencia como diría el Papa Francisco.

“La inacción e indiferencia no son opciones del cristiano, por el contrario, nos interpela que la aspiración de vivir con dignidad, se convierta en rechazo y violencia, que las políticas migratorias sean cada vez más restrictivas, que los pies descalzos encuentren alambres de púas, que la llegada al país de destino se convierta en militarización de fronteras, que la acogida sea sinónimo de expulsión, separación de familias y riesgo de sufrir detenciones o perder la vida”, concluye la nota.

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