Los obispos de Haití llaman a un "consenso nacional" que evite que el país "se hunda en el caos total"

Haití vive horas decisivas para su futuro. Y lo hace en un clima de gran tensión política, no exento de violencia. Ayer lunes, 7 de febrero, concluyó oficialmente el mandato del presidente Juvenal Moïse, asesinado en julio por un comando de mercenarios, la mayoría colombianos. Y desde hace unos días, los opositores a su sucesor de facto, el primer ministro Ariel Henry, protestan en la calle exigiendo su renuncia y justicia para aquel crimen. Ayer fue asesinado en Petion Ville un exconsejero de Moïse, y ante el temor de nuevos episodios de violencia muchos negocios y colegios permanecieron cerrados. La policía está en alerta desde el pasado sábado.

Henry, que el 1 de enero fue también objeto de un atentado cuando salía de celebrar en una iglesia de Gonaïves el aniversario de la independencia, ha dicho que el nuevo presidente haitiano saldrá de unas elecciones que —asegura— ya se están organizando, porque «el pueblo tiene derecho a elegir libremente».

El mandatario ha rechazado la elección de Fritz Alphonse Jean y Steven Benoit (este último expresidente del Senado) como presidente y primer ministro de un gobierno de transición, unos nombramientos que fueron efectuados la semana pasada por las organizaciones políticas, sindicales y sociales firmantes del llamado Acuerdo de Montana (30 de agosto 2021). «Nadie tiene la autoridad ni el derecho de reunirse en un hotel o en el extranjero para decidir en pequeños comités quién debe ser presidente o primer ministro», ha dicho. Henry ha hecho también caso omiso al requerimiento del presidente del Senado de que debe devolver a la Cámara la banda presidencial. La organización de las elecciones no va a ser tarea fácil, pues el organismo competente carece de responsable. El primer ministro cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Francia.

Renuncien a sus privilegios

Conscientes de la situación «extremadamente grave» que vive el país, con una crisis institucional de difícil arreglo en la que están involucrados todos los poderes, los obispos haitianos han hecho un llamamiento a «los actores políticos» para que pongan fin, de una vez por todas, a una situación «dramática» y evitar que el país definitivamente «se hunda en el caos total».

«Ha llegado el momento de la unidad, de la unión que hace la fuerza, de la puesta en común de nuestras ideas y esfuerzos, de un consenso nacional y patriótico (…)», dice la declaración del episcopado, que llama a construir el «más amplio consenso posible» para conseguir «la recuperación de nuestra soberanía y de Haití».

«El pueblo haitiano —se constata— no aguanta más. Están cansados, exhaustos, agotados. Están cansados de vivir en condiciones totalmente alienantes, humillantes, inhumanas y deshumanizadas».

Los obispos dicen que «el bien supremo de la Nación está por encima de cualquier otro interés personal» e instan «a todos los actores sociales, económicos y políticos de la vida nacional a renunciar decididamente a sus privilegios».

Por último, y antes de invocar la protección de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, exigen «a los grupos armados y a los secuestradores que siembran impunemente la violencia, el miedo, la muerte, el luto, la desolación, la angustia y la desesperación en las familias haitianas», que depongan las armas y renuncien a la violencia.

Un magnicidio con muchas sombras

El pasado mes de diciembre el New York Times informó de que el asesinato de Moïse fue encargado por empresarios y políticos vinculados al narcotráfico cuyos intereses se estaban viendo perjudicados por las medidas adoptadas por este. Entre dichas medidas se mencionaban una purga de funcionarios corruptos en el departamento de aduanas, la propuesta de nacionalización del puerto y la destrucción de una pista clandestina que era utilizada por avionetas procedentes de Colombia y Venezuela.

Según el rotativo estadounidense, Moïse había elaborado una lista con los nombres de los políticos y empresarios directamente involucrados en el contrabando y el tráfico de drogas, y amenazaba con hacerla llegar a las autoridades norteamericanas. Los mercenarios que asaltaron su residencia tenían orden de encontrar ese documento.

Moïse ya había denunciado en febrero de 2021 que las fuerzas de seguridad habían abortado un plan para matarle, y que tras él estaban los «oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial».