La mujer con discapacidad a la que un tribunal británico quería obligar a abortar

La Corte de Apelación Británica ha decidido revocar la decisión de un tribunal que había sentenciado que una mujer discapacitada debía abortar a su bebé. La mujer tiene alrededor de 20 años y una capacidad mental correspondiente a un menor de entre 6 y 9 años, según medios locales sobre las pruebas que se presentaron el pasado viernes en la corte.

El estado de gestación de la mujer de ascendencia nigeriana es de 22 semanas y el origen de su embarazo sigue siendo incierto. Los tres magistrados emitirán una explicación completa con su resolución en una fecha todavía sin concretar mientras la policía investiga el caso de la joven, según Press Association (PA). Entretanto, sí han reconocido que las circunstancias de este caso son "únicas".

La decisión primera de obligar a abortar a la mujer procede de una sentencia de la Corte de Protección de Londres, el organismo que se dedica a la atención de los casos legales y personales de personas con discapacidad. La juez Nathalie Lieven dictaminó el pasado 21 de junio que un aborto forzado iba en "el mejor interés" de la joven. 

Ella, su madre, una trabajadora social que la atiende y sus abogados, se opusieron. Uno de los argumentos es, según el medio inglés,es la fe católica que profesan la mujer y su madre. Incluso, la que sería la abuela del neonato, se ha ofrecido para su cuidado.

Los médicos que cuidaron a la mujer argumentaron que, debido a sus capacidades mentales, tanto un parto natural como una cesárea podían dañar la salud mental de la paciente. En declaraciones del pasado domingo, que recoge el New York Times, Lieven subrayó que era consciente de que su jucio podía suponer "una inmensa intrusión". "Soy muy consciente de que el hecho de que el Estado ordene a una mujer a abortar cuando parece que no quiere, es una inmensa intrusión", se lee en el diario.  Sin embargo, consideró que tomaba esta determinación por lo que consideraba como los "mejores intereses de la mujer" y no "por las opiniones de la sociedad sobre el aborto". 

Cerca de 120.000 por la vida de la madre y su hijo

El aplazamiento de la sentencia se produjo a consecuencia de las miles de firmas que llegaron a la campaña de esta organización a favor de la vida puso en marcha el día siguiente a conocerse la primera información.

En ella, pedían que el Secretario de Salud y Asistencia Social de Estados Unidos, Matthew Hancock, interviniese en el caso. La petición alcanza las cerca de 120.000 firmas desde su publicación. La solicitud instaba a Hancock a "intervenir en este caso, en la medida de lo posible, para evitar que esta grave injusticia sea infligida por el Estado a esta familia y se garantice que esta mujer no esté obligada a abortar".

La portavoz de la entidad provida Right To Life UK, Clare McCarthy, celebró la "rectificación" judicial y aseguró el pasado lunes que esta instancia "salvará la vida del feto y la madre de un aborto forzado a largo plazo y mucha angustia indebida". Además, añadió que "la horrible sentencia original nunca debería haber ocurrido". Del mismo modo, expresó su temor por que este fuera el único caso que se fuera a producir. 

Una "acción urgente" al Gobierno

El parlamentario británico conservador Edward Leigh sí pidió al gobierno una "acción urgente" para detener lo que ha calificado como una "práctica bárbara" que, ha añadido, "es la clase de cosa que esperas de la República de China".

"Es profundamente perturbador descubrir que no sólo los abortos forzados son legales en este país, sino que los jueces pueden ordenarlos", señaló en declaraciones al Catholic Herald. También, expresó sus quejas cuando, en este contexto, la madre de la joven con discapacidad declarase estar dispuesta a hacerse cargo del que sería su nieto. 

Las personas con discapacidad ante las sentencias de los tribunales, un dilema más serio

El obispo auxiliar de la Archidiócesis de Westminster y portavoz de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Mons. John Sherrington, alertó de la vulneración de derechos que se estaba cometiendo. "Forzar a una mujer a abortar en contra de su voluntad y la de su familia, infringe los derechos humanos, por no mendionar el derecho del no nacido a la vida en una familia que se ha comrpometido a cuidar al niño". insistía el prelado. 

"En una sociedad libre como la nuestra la balanza entre los derechos de las personas y los poderes del estado es delicada". Aseguró que se trata de "una decisión angustiosa y triste para toda la familia, a la que tenemos en nuestras oraciones".

Para el obispo, el hecho de que no se conozcan todos los datos de la investigación plantea un dilema aun más serio de fondo. "Aumenta las preguntas serias que habría que hacerse sobre el significado de 'los mejores intereses' cuando un paciente con discapacidad se encuentra frente a una sentencia de un tribunal en contra de su voluntad", aseveró en declaraciones a Catholic News Agency.