El Papa Francisco destituye a un obispo puertorriqueño antivacunas

«Nosotros, seis de los siete Obispos Católicos que conformamos la Conferencia Episcopal Puertorriqueña entendemos oportuno expresarnos de manera colegiada…». Así, de esta extraña y nada común manera, comenzaba la «Instrucción Pastoral sobre la importancia moral de vacunarse contra el Covid-19» que el episcopado de Puerto Rico publicó el 24 de agosto de 2021. La firma que faltaba en ese documento era la del obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, de 57 años. Ayer miércoles, 9 de marzo, la Santa Sede anunció su destitución.

El comunicado de Roma, como viene siendo habitual de un tiempo a esta parte, no explica los motivos del cese. Simplemente da cuenta del nombramiento como sustituto provisional del obispo emérito de Mayagüez, el jesuita Álvaro Corrada del Río, de 79 años, en calidad de administrador apostólico ad nutum Sanctae Sedis.

Ha sido el prelado apartado el que ha dado alguna explicación. «Se me informó —dice en un duro comunicado— de que no había cometido ningún delito pero que supuestamente “no había sido obediente al Papa ni había tenido la suficiente comunicación con mis hermanos obispos de Puerto Rico». Señala que el delegado apostólico del Santo Padre en la isla, Ghaleb Bader, le pidió verbalmente tiempo atrás que presentara la renuncia, y que él se negó para no hacerse «cómplice de una acción del todo injusta».

Fernández afirma por último que se ha actuado con él con «una arbitrariedad incomprensible», que no se le ha «hecho ningún proceso» ni ha sido «acusado formalmente de nada»; lamenta que «en la Iglesia donde se predica tanto la misericordia, en la práctica algunos carezcan de un mínimo sentido de la justicia»; y asegura sentirse «bienaventurado por sufrir persecución y calumnia». «Hoy puedo tener la frente en alto y aun siendo imperfecto y pecador, saber que he hecho lo correcto y eso me da mucha paz interior».

La Conferencia Episcopal Puertorriqueña emitió ayer una breve declaración en la que pide oraciones por el obispo y por la diócesis de Arecibo. «Por deferencia y respeto a los procesos canónicos internos de la Iglesia, estas serán las únicas expresiones oficiales que se harán sobre este asunto, al momento», se dice en ese texto, firmado por el presidente y el secretario general, obispos Rubén Antonio Gónzález Medina y Alberto A. Figueroa Morales, respectivamente.

Lo cierto y verdad es que al prelado se le acusaba desde hace tiempo de ir por libre, de no actuar en comunión con los otros seis obispos. Obviamente, la medida no le ha pillado por sorpresa: ni a él, ni al resto. Al parecer, ni siquiera acudió a Roma cuando fue llamado a dar explicaciones. En la decisión de la Santa Sede habría influido también su rechazo a trasladar a los seminaristas de su diócesis al nuevo seminario interdiocesano.

La razón fundamental de la destitución, no obstante, está relacionada con su posicionamiento sobre las vacunas. A primeros de agosto pasado, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, obligó por decreto a vacunarse a los funcionarios del gobierno, sanitarios, trabajadores del sector hotelero y estudiantes menores de doce años. Unos días después, el obispo emitía un comunicado en el que cuestionaba esa obligatoriedad, argumentando que un católico podía plantear «objeción de conciencia». Y autorizó a los sacerdotes y diáconos permanentes de la diócesis que así lo creyesen oportuno, a firmar certificados de exención a los feligreses que lo solicitasen. «Lo que afirmen las farmacéuticas o las agencias reguladoras de medicamentos no es de ninguna manera dogma de fe», argumentó.

Su actitud choca frontalmente con la doctrina de la Santa Sede, que en reiteradas ocasiones ha instado a los fieles a vacunarse como «un gesto de amor», para cuidarnos los unos a los otros, especialmente a los más vulnerables. Los obispos puertorriqueños reiteraron esa doctrina en la instrucción pastoral que publicaron el día 24, recordando al mismo tiempo que 8 de cada 10 hospitalizados en el país por covid eran personas sin inmunizar. Los prelados recordaban también que tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto se habían puesto las vacunas, y que estas, sin ser perfectas ni ofrecer una protección del 100%, constituían el medio más eficaz para evitar el contagio. Incluso subrayaban el pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe avalando su administración. «Entendemos que rechazar las vacunas no es una opción razonable a no ser que existan contraindicaciones médicas», concluían.

Pero nada. El obispo se negó a estampar su firma en el documento bajo el argumento de la objeción de conciencia de los fieles. «El juicio moral responsable, en la tradición católica —escribieron entonces el resto de miembros del episcopado—, no puede prescindir del principio del bien común. Cuando me niego a vacunarme, no solo estoy poniendo en riesgo mi salud. Estoy poniendo en riesgo la salud de otras personas, sobre todo de las más vulnerables. Vacunarse es, pues, un acto de responsabilidad para con la propia salud, pero también es un acto de solidaridad y responsabilidad social».

Viganò

El obispo Fernández no es el único que ha alegado motivos religiosos o de libertad de conciencia para arremeter contra las vacunas y, de paso, contra el Papa Francisco. El pasado 31 de enero, sin ir más lejos, el obispo castrense de Italia tuvo que salir al paso del llamamiento efectuado dos días antes por el exnuncio en Estados Unidos Carlo María Viganò, que instó a las fuerzas del orden de ese país a desobedecer en esta materia. Santo Marciano, de 61 años, lamentó las «posiciones extremas en disonancia con las autoridades sanitarias», y «en abierto contraste con las indicaciones de la Iglesia», que expresaban estos hombres de Iglesia que acometen «campañas denigratorias contra el Papa Francisco, creando agitación y no poca confusión». «¡No os confundáis ni os desaniméis en el cumplimiento de vuestra misión!», les pidió a los militares.

Viganò, perejil de todas las salsas, figura también como promotor de la llamada Declaración de Belén, lanzada el pasado 15 de diciembre por un reducido grupo de seguidores. En este documento se dicen lindezas como que, debido «el peligro relativamente leve de covid-19 para la gran mayoría de la población», es «moralmente ilícito facilitar, promover u ordenar la recepción masiva» de una vacunas «peligrosas, poco probadas, poco controladas y contaminadas por el aborto». En ese momento, el virus se había cobrado ya casi seis millones de personas y Doctrina de la Fe ya se había pronunciado sobre la licitud de su uso.

El obispo Fernández Torres llevaba doce años en Arecibo. Nacido en Chicago (Estados Unidos) en 1964, fue ordenado sacerdote en 1995, siendo llamado al orden episcopal por Benedicto XVI en 2007. Antes de llegar a esa diócesis, pasó tres años como obispo auxiliar en la archidiócesis de San Juan de Puerto Rico.