La persecución a la Iglesia de Nicaragua no cesa: otros cuatro sacerdotes son condenados a 10 años de cárcel

Un total de cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo han sido condenados a diez años de prisión en Nicaragua por delitos considerados de "traición a la patria”, así como a la inhabilitación "perpetua de sus derechos ciudadanos".

Todos ellos se encuentran privados de libertad desde el pasado 19 de agosto, habiendo sido juzgados este lunes en una audiencia celebrada a puertas cerradas, tal y como ha indicado la Unidad de Defensa Jurídica, integrado por abogados que defienden a los religiosos.

Unas sentencias que ponen de manifiesto una vez más la persecución que están sufriendo los religiosos en el país liderado por el sandinista Daniel Ortega, quien ha tildado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

Los presbíteros condenados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y el diácono Raúl Vega González.

Por su parte Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno son los dos seminaristas juzgados, mientras que Sergio Cárdenas es el camarógrafo.

Inhabilitaron los derechos ciudadanos de los juzgados

Según la sentencia, la jueza impuso al grupo de religiosos cinco años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y otros cinco por el delito de propagación de noticias falsas, ambos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, además de las "penas accesorias", detalló la Unidad de Defensa Jurídica.

Las penas accesorias, según ese grupo de abogados, consisten en "800 días multas, inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos".

Activistas de Derechos Humanos rechazan las condenas

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha calificado de "aberración jurídica" el caso contra los religiosos, entre otras cosas porque "se les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular".

"Condenamos estas acciones perversas del régimen que violentan los Derechos Humanos. Exigimos libertad inmediata para ellos y todas las personas que son presas políticas” ha demandado la organización.

El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron detenidos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado quince días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial "El Chipote", oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo que se encuentra bajo "resguardo domiciliar".

Álvarez, de 56 años y muy crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, enfrentará el juicio para responder por los mismos delitos que los sacerdotes el próximo 28 de marzo.