Perú: Los obispos condenan la violencia, «venga de donde venga», y llaman al diálogo para superar la crisis

Los obispos de Perú condenan los graves hechos de violencia que se han registrado esta semana en la región y el departamento de Puno, en los que han perdido la vida al menos 18 personas, 17 manifestantes (uno de ellos menor de edad) y un policía. Con ellos son ya 45 las víctimas mortales habidas tras la destitución por el Congreso y posterior encarcelamiento, el pasado mes de diciembre, del presidente Pedro Castillo después de su autogolpe. Los heridos sobrepasan los 500.

«Invocamos al Gobierno a detener, urgentemente, la violencia y las muertes vengan de donde vengan; al Ministerio Público y al Poder Judicial a investigarlas y sancionarlas; y al Congreso, a tomar las decisiones que exige la coyuntura y la paz social del país», dice una declaración del Comité Permanente del Episcopado del día 9.

Una segunda nota, del día siguiente, clama también contra el asesinato de un policía de 29 años, quemado vivo en su vehículo. «No podemos regresar a las épocas oscuras del terror que enlutaron a nuestro país durante 20 años. Esta situación merece el enérgico y contundente rechazo de todos, y reafirmar con suma urgencia el llamado imperativo de ¡No a la violencia, venga de donde venga! ¡No más muertes! ¡Sí a la vida! ¡La vida es sagrada!».

La jerarquía católica manifiesta sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y su cercanía pastoral a los heridos. Denuncia que las muertes tienen dos causas: la desnaturalización del derecho a la protesta («recurriendo a la ilegalidad») por parte de los manifestantes, y «el uso desmedido de la fuerza» por parte de la policía, por otro. Y pide «a los grupos contendientes» que permitan el ingreso y salida de las ambulancias a los hospitales para trasladar a los heridos.

«Necesitamos distinguir los justos reclamos de otros que no permiten un diálogo racional. No podemos dejar que el Perú se destruya por nuestras propias acciones ni dejarlo caer en un abismo institucional», dice la primera de las notas.

Intento de toma del aeropuerto

La mayoría de muertes se produjeron en la ciudad de Juliaca, en el intento de toma de su aeropuerto por parte de miles de partidarios de Pedro Castillo —unos 9.000, según el primer ministro Alberto Otárola— que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones. Este lunes hubo también disturbios y bloqueos de carreteras en otras cinco regiones del país: Apurimac, Cusco, Madre de Dios, Amazonas y Arequipa.

El ministro del Interior, Víctor Rojas, ha declarado que la toma del aeropuerto había sido programada unos días antes por los manifestantes y que los agentes de policía consiguieron evitarla, controlando a «las turbas» con un «estricto respeto de los Derechos Humanos». Muchas de las víctimas, sin embargo, presentaban impactos de bala.

La Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación a la presidenta Boluarte —número dos de Castillo hasta la destitución de este— por los hechos ocurridos en Puno, donde han sido declarados tres días de luto oficial. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido asimismo «investigaciones imparciales y efectivas» sobre lo sucedido, el procesamiento de los responsables, y justicia y reparación para las víctimas.

El Defensor del Pueblo de Perú, por último, ha instado a las fuerzas del orden a hacer «un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza». «No corresponder a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas resolver los conflictos que vienen aconteciendo», sino al Gobierno y al Congreso, indica. El organismo recuerda también que el derecho a la protesta es un derecho fundamental… si se ejerce de manera pacífica. De ahí que llame a no realizar hechos de violencia y a respetar «las disposiciones que establezca la autoridad pública en el marco de sus competencias».