¿Qué está pasando en Mozambique?

Mozambique se desangra. Y lo hace entre la ignorancia y la desidia de la opinión pública mundial. El ataque a la misión de Chipene, diócesis de Nacala y provincia de Nampula, al norte del país, no hace sino reflejar la violencia creciente e inmisericorde que desde hace cinco años azota al país. En el asalto, que tuvo lugar en la madrugada del 6 al 7 de septiembre, fue asesinada de un disparo en la cabeza la comboniana italiana María de Coppi, de 84 años, que llevaba en esa tierra asistiendo a los más desfavorecidos desde 1963. Otras dos religiosas de la misma congregación, una de ellas la española Ángeles López Hernández, y dos sacerdotes misioneros italianos consiguieron escapar a la agresión in extremis.

Aunque no haya sido oficialmente reivindicado, todo hace pensar que el crimen es obra de alguna de las facciones yihadistas vinculadas al Estado Islámico en Mozambique (IS-Moz), que llevan sembrando el terror en la zona desde 2017. De hecho, poco antes hubo incursiones en las aldeas próximas, con un número indeterminado de muertes, algunas por decapitación.

Casi un millón de desplazados internos

Pero, ¿qué está pasando exactamente en Mozambique? ¿Por qué se ataca a unos sencillos religiosos que se dedican única y exclusivamente a hacer el bien a todo el mundo, al margen de su etnia o religión?

La provincia de Nampula, donde se ubica la misión de Chipene, y sobre todo su vecina de Cabo Delgado, más al norte, fronteriza ya con Tanzania, son escenario desde hace cinco años de una guerra larvada que, a día de hoy, ha dejado 946.508 desplazados internos, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Solo desde febrero pasado, han asumido esa condición de desplazados 160.000 personas debido a las incursiones yihadistas en pueblos y aldeas. Según los organismos internacionales, casi la mitad de estos desplazados son niños.

Los esfuerzos de las autoridades por contener el avance islamista no están dando los resultados esperados. Los terroristas están siendo combatidos por el ejército nacional, apoyado por tropas de Ruanda y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). El pasado mes de agosto, el ejército ruandés informó en un comunicado de la liberación de más de 600 rehenes. También comunicó que los éxitos militares habían obligado a los islamistas a huir de localidades como Nkoe y Nguida.

La presencia militar internacional, en cualquier caso, no está impidiendo los ataques a la indefensa población civil, obligada a huir con lo puesto a los bosques para salvar la vida, como los misioneros de Chipene. El obispo de Nampula, monseñor Saure, ha dicho a la agencia Fides: «No sabemos cuántas personas han buscado refugio en el bosque. Es un drama terrible y todavía difícil de cuantificar».

Los ataques no cesan. Según Fides, en las siete semanas comprendidas entre el 1 de junio y el 21 de julio hubo 90 actos terroristas, casi dos por día.

¿Peligro de deriva étnica?

El objetivo islamista es la ocupación de las provincias del norte, históricamente conectadas con el califato de Mocimboa. La presencia musulmana en ellas es mayor que en el resto del país. La costa norteña está habitada por pueblos pescadores de etnia mwaní, de religión islámica. Según explicaba en 2019 a ECCLESIA el sacerdote zaragozano Eduardo Andrés Roca Oliver, misionero en Pemba (capital de la provincia de Cabo Delgado), los mwaní «tienen una situación social más marginal con respecto a las otras etnias de Mozambique y se han visto también excluidos de los movimientos de desarrollo que están surgiendo con los nuevos megaproyectos de gas».

Los islamistas tratan de presentar el conflicto como una guerra entre religiones, y aquellos que no acatan su mensaje son asesinados. El gobierno ha tratado de combatir la violencia creando milicias armadas entre los miembros de la etnia makonde, mayoritariamente cristiana, lo que podría hacerles el juego y alimentar el conflicto, ha advertido el sudafricano Instituto de Estudios de Seguridad.

Campos de desplazados

La violencia islamista es extrema. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha denunciado la comisión de crímenes de guerra en forma de «asesinatos, decapitaciones y desmembramientos de cuerpos, violencia sexual, secuestros, reclutamiento forzoso por parte de grupos armados y torturas».

Buena parte de los desplazados viven en campos habilitados para hacer frente a la emergencia humana: el mayor de ellos, con 152.000 peronas, se halla en Pemba. Le siguen el de Metuge (124.000) y el de Mueda (85.000), este último cerca ya de la frontera con Tanzania.