Venezuela: Los obispos denuncian que la brecha entre ricos y pobres es «cada más vez más escandalosa»

Los obispos de Venezuela denuncian que la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en el país es «cada vez más escandalosa». Lo hacen en una exhortación pastoral publicada a la conclusión de su Asamblea Plenaria ordinaria, clausurada hace unos días. «(…) Nuestro país —dicen en ella— continúa viviendo una crisis política, social y económica profunda. Un escenario que pone en entredicho el modelo de gestión que por más de veinte años ha guiado los destinos de la nación. Emergen nuevas élites económicas. Zonas de Caracas y, en menor medida, de algunas otras ciudades, muestran lo que se ha llamado una “burbuja”, como resultado de una suerte de “capitalismo socialista salvaje”, que contrasta y resulta ofensiva para quienes, como nuestros educadores, personal de salud, obreros, trabajadores informales y pensionados, intentan subsistir con unos ingresos paupérrimos, y que hace que la brecha de desigualdad entre ricos y pobres sea cada vez más escandalosa».

El mensaje episcopal señala asimismo que el día a día de los venezolanos es cada más vez complicado debido a la inflación —«una de las más altas del mundo»— y la continua devaluación de la moneda nacional. La crisis política ha provocado ya un éxodo de más de siete millones de personas, recuerdan antes de agradecen a las Iglesias nacionales de otros países y a la sociedad civil la acogida dispensada a los compatriotas migrantes.

Diálogo

La Iglesia católica en Venezuela presenta una radiografía de la realidad nacional tan realista como descorazonadora. Reconoce, por un lado, que el país requiere de una «reconstrucción material, moral, espiritual, económica y ético-cultural» a la que están llamados todos los ciudadanos, pero por otro constata con pesar cómo después de más de décadas de socialismo de siglo XXI esta no se produce y nada se mueve. «Nuestra sociedad está paralizada por la inercia y la resignación, por la desesperanza, por la experiencia acumulada de múltiples carencias, contradicciones reiteradas, violaciones impunes de derechos fundamentales, mentiras flagrantes, mentiras incumplidas», describen los obispos.

El episcopado considera que Venezuela vive una «parálisis social» que es fruto del clima de confrontación existente, que califican de «estéril» y que hace que nadie escuche a nadie. «Nuestros problemas son estructurales y no pueden ser vistos ni abordados solamente de modo aislado por algunos actores sociales y políticos. Pareciera que hemos olvidado qué significa el bien común», se lamenta.

Negociaciones serias

Los obispos apelan nuevamente a la unidad nacional, y sostienen que el «terreno de encuentro común» entre los partidarios del gobierno y la oposición política debe ser «el texto y el espíritu de la Constitución nacional». En su opinión, el camino a seguir es el de las negociaciones, pero estas deben ser «verdaderas y sinceras». De ellas —dicen— deben salir «acuerdos entre los poderes del Estado y las fuerzas sociales democráticas acerca de las grandes cuestiones de interés nacional, como lo son, entre otras, la ayuda humanitaria, la liberación de los presos políticos, el funcionamiento constitucional de los poderes públicos, la rehabilitación de los partidos políticos, la consecución de mayores y mejores garantías electorales, junto con la observación internacional plural e imparcial de las próximas elecciones».

Fin de la presidencia interina de Guaidó

El pronunciamiento de los obispos llega dos semanas después de que los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 hayan decidido poner fin a la presidencia interina de Juan Guaidó y suprimir la figura del «presidente encargado». El dirigente político desempeñaba este cargo desde hace casi cuatro años y su figura había sido reconocida por más de medio centenar de países, aunque en los últimos tiempos había perdido la confianza de otros sectores de la oposición.

Un tribunal de Caracas ya ha emitido órdenes de captura internacional contra las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional: Dinorah Jaxilda Figuera, de «Primero Justicia» (presidenta); y Auristela del Valle, de «Acción Democrática», y Marianela Fernández, de «Un nuevo tiempo», vicepresidentas. Se les acusa de «usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales» por su «nombramiento ficticio» para esa «supuesta Asamblea Nacional», a la que se califica de «ilegítima».