Barriocanal: "La Memoria de la Iglesia hace pensar al Gobierno que vale la pena un sistema de colaboración"

La “institución más antigua de la Villa de Madrid”, así ha presentado el diputado José Ramón Couso la sede que ha acogido el acto: el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Una conferencia protagonizada por Fernando Giménez Barriocanal y con un título bastante descriptivo: “Relaciones Iglesia-Estado en materia económica: Del acuerdo de 1979 al canje de Notas de 2023”. Un recorrido por las relaciones económicas entre los gobiernos españoles y la Iglesia desde la Transición hasta nuestros días. Un itinerario resumido en una serie de hitos fundamentales y una ronda final de preguntas que sirvió para dejar claro que “siempre hace falta buscar espacio donde se pueda dar el acuerdo”, como ha asegurado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE.

Giménez Barriocanal ha afirmado que “con los gobiernos es mucho más fácil negociar en materia económica que en otras cosas” y que “cuando se llega a acuerdos es porque ambas partes pensamos que hemos avanzado”. La realidad es que según palabras de Barriocanal, gracias a muchos acuerdos la Iglesia goza de gran libertad para anunciar la buena noticia en España: “cuando va a negociar a veces uno se encuentra caras más largas o más alegres, aunque a veces con las caras largas se acuerdan cosas más provechosas”.

La transparencia como clave

Uno de los aspectos fundamentales para que la Iglesia goce de buena salud para anunciar el Evangelio hoy en día es la transparencia. La Memoria de Actividades de la Iglesia se convierte en un pilar fundamental del proceso. Hasta el punto de que “la Memoria que presenta la Iglesia hace pensar al Gobierno que vale la pena un sistema de colaboración”, al mismo tiempo que el mensaje consigue calar en la sociedad. Es necesario recordar que alrededor de 9 millones de contribuyentes deciden marcar cada año la casilla de la Iglesia. Se trata, según Barriocanal, de un auténtico “ejercicio de democracia fiscal”, puesto que “ningún colectivo o partido político consigue reunir a ese número de españoles, sobre todo teniendo en cuenta que solo pueden marcar la casilla aquellos que hacen la declaración de la renta. El año pasado fueron 125.000 personas más”.

Y esto se traduce en muchísima gente beneficiada, personas con historias concretas, como el millón y medio de alumnos que asisten a colegios católicos o los 9.000 centros asistenciales de los que se benefician 4 millones de personas. “La Iglesia no está ahí para hacerle un favor al Estado, sino porque forma parte de su misión. Pero indudablemente el valor social y económico de la Iglesia es impresionante. Estamos hablando de muchos puntos del PIB. Es labor nuestra explicar todo esto y contárselo a la gente, explicar cómo en épocas complicadas, de apretón social - como durante la pandemia- la sociedad habría sido muy diferente sin la Iglesia”, ha asegurado el vicesecretario de la CEE.

“En la parroquia de al lado de tu casa, en la que el cura hace una buena labor, en la que se publican las cuentas y que se cuentan las necesidades, el dinero llega. Cuando no hay transparencia es mucho más difícil. Cuanto más contamos lo que hace la Iglesia, nos va mejor. Un gran reto de la Iglesia es contar lo que hacemos. El dinero no será problema porque el dinero es probablemente lo menos importante en la Iglesia”, ha afirmado.

Desde el acuerdo de 1979 hasta nuestros días

La relaciones entre la Iglesia y el Estado en materia económica han vivido momentos y etapas de todo tipo desde 1979. Desde que se alcanzó ese acuerdo breve que contenía siete artículos, la relación ha ido mutando poco a poco hasta lo que conocemos hoy, donde el último ajuste ha sido el canje de Notas de 2023.

“El acuerdo de 1979 está compuesto por varios artículos que recogen la libertad de la Iglesia, la posibilidad de que los ciudadanos destinen parte de sus impuestos a la labor de la misma o una serie de exenciones”, ha explicado Barriocanal. Pero ese acuerdo quedaba supeditado a una serie de revisiones y el diálogo habitual entre el Gobierno y la Iglesia.

De los 45 años que han pasado desde que se alcanzó el acuerdo, el actual vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal ha estado presente durante más de 30. Tres décadas como parte activa y siendo buen conocedor de las relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado español. “Yo he vivido muchas cosas en primera persona, el acuerdo estaba pensado como punto de partida, pero debe ir revisándose. Queda muy superado por la legislación vigente”, ha afirmado.

La primera “revisión” data de 1980. En ese año se reconoce como sujetos pasivos del impuesto todas las entidades eclesiásticas que tengan personalidad jurídica o civil. También habla de tres tipos de elementos patrimoniales y refleja la norma contable que aún está vigente. En 1987, tiene lugar la implantación de la Asignación Tributaria. Se trata de “uno de los elementos más complejos” y que por eso “se demoró en el tiempo”. Se acordó la asignación sobre el IRPF y que la base para aplicar el porcentaje es la cuota íntegra. Pero no se llegó a un acuerdo total y el Gobierno decidió establecer ese porcentaje de forma unilateral: 0,52%. Además, se añadía una alternativa llamada fines de interés social, de forma que la gente tenía que elegir entre la Iglesia o estos fines. Si el ciudadano no marcada ninguna, la recaudación iba para los fines de interés social y no para la Iglesia. Luego llegaría la aplicación del IVA a la Iglesia en 1988 y la Ley de Fundaciones del 1994 y que contenía exenciones sobre el impuesto de sociedades y subvenciones públicas, a la que la Iglesia accede con una disposición adicional, la quinta.

Al borde del nuevo milenio, en el 2000, llega la separación de asignaciones tributarias. “¿Por qué la gente tenía que elegir entre la Iglesia y los pobres? Ese año al fin se llegó un acuerdo para que se pudieran marcar ambas casillas, una o ninguna. Si no se marca ninguna, el dinero se queda en Hacienda”, ha explicado Giménez Barriocanal. Ese año se establece una cantidad tope de asignación y se recoge que debe actualizarse todo los años. “Un paso importante pero no definitivo. En esta ocasión sí que se acordó con la Iglesia”.

En el año 2002 llega la nueva ley de Mecenazgo. Paso importante en la fiscalidad de las instituciones, y que favorece el desarrollo de las entidades no lucrativas. El Estado percibe que se ahorra dinero con su inmensa labor y que su trabajo permitía llegar a lugares y personas a las que el Estado no era capaz de llegar. La Iglesia entra en este sistema a través de la disposición adicional 9ª.

En 2006 llega el intercambio de Notas. La Iglesia renuncia unilateralmente a las exenciones y no sujeciones por IVA. Una renuncia que se vincula al aumento del 0,7% del coeficiente. Un porcentaje que ahora mismo esta blindado por ese acuerdo. Desaparece también el carácter mínimo de los pagos a cuenta del IRPF, si nadie marca la casilla, la Iglesia recibe cero. A su vez, la Iglesia ratifica su compromiso de elaborar una memoria de las cantidades recibidas y de su aportación a la sociedad. “Eso fue un gran éxito. La Iglesia tiene el enorme reto de contar lo que es, ser transparente es algo que forma parte de nuestro ser”, ha recordado Barriocanal.

El último elemento de regulación del acuerdo fue la regulación definitiva de la asignación en 2015. Cada año había que establecer el pago a cuenta. La Iglesia solicitó una modificación que evitase la mención anual en los presupuestos y que fuese un sistema de carácter indefinido. Así se estableció que recibirá el 70% de la última liquidación definitiva. “La negociación no fue fácil, pero finalmente se consigue sacar adelante”, ha explicado el vicesecretario.

Así es como se llega al canje de Notas de 2023. Una negociación que llegaba en un contexto de “hostigamiento a la Iglesia por los supuestos privilegios fiscales, con la controversia del asunto de las inmatriculaciones en 2020”. Este fue precisamente el primer asunto del que la Iglesia decidió ocuparse. Barriocanal ha recordado que “la Iglesia recibe una lista de 34.976 registros de inmatriculaciones que analiza uno por uno. Se detectan más de 2.000 incidencias. Algunas eran por bienes duplicados, otros por no ser propiedad de la Iglesia, alguno estaba debajo de un pantano... Entonces, se entrega al Gobierno y se publica con disposición a corregir cualquier error. La realidad es que han pasado dos años y las modificaciones han sido mínimas”.

Reguladas las inmatriculaciones, quedaba pendiente el régimen fiscal de la Iglesia. Así es como después de varias negociaciones, la Iglesia española pasa a tener el mismo régimen fiscal que el resto de confesiones religiosas y las entidades no lucrativas. “Reputacionalmente no se puede mantener el discurso de privilegio de la Iglesia porque ya es falso. Con los últimos cambios del canje de Notas de 2023, nadie puede decir que la Iglesia tiene algún beneficio que no tenga la fundación de un partido político, por ejemplo. Era positivo que la Iglesia se equiparara ante la situación de ruido. La Iglesia hoy está con las mismas reglas de juego que los que operan equitativamente. Hemos renunciado a aquellas cosas que suponían privilegios”, ha asegurado.