El Gobierno de Castilla y León retira el protocolo de transexualidad en los centros públicos: "Es ilegal"
Abogados Cristianos demandaba la suspensión de la norma, en fase experimental, al considerar que atenta contra la libertad de los padres a la hora de elegir centro para sus hijos
El Gobierno de Castilla y León retira el protocolo de transexualidad en los centros públicos: "Es ilegal"
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha archivado el procedimiento abierto tras la demanda planteada por la Asociación Abogados Cristianos contra la aplicación del protocolo sobre transexualidad impulsada por la Consejería de Educación. La organización jurídica exigía la suspensión inmediata de dicha norma que ya se había puesto en marcha durante el pasado curso de forma experimental en algunos centros de la comunidad autónoma.
La aplicación de dicho plan no llegó a superar esa primera fase experimental, por lo que no estaba operativo. En cualquier caso, los abogados cristianos decidieron presentar la demanda al considerar que el Gobierno de Castilla y León pretendían aplicar en los centros públicos, de manera ilegal, este protocolo sobre transexualidad y pidió que se dejara de llevar a cabo hasta la conclusión del procedimiento judicial.
La organización de juristas recuerda que este protocolo fue implantado en los colegios sin previa publicación en boletines oficiales ni aviso a los padres. Para la Asociación de Abogados Cristianos, el protocolo daba vía libre a la administración autonómica “para proceder en determinados supuestos a una limitación ilegal de la patria potestad de los padres, fomentaba los baños y vestuarios mixtos y aplicaba una formación temprana en sexualidad realizada por activistas con marcado tinte ideológico en detrimento de profesionales acreditados”.
De esta manera, la asociacion demanda que se garantice el cumplimiento del artículo 27.3. de la Constitución que ampara el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
El protocolo para alumnos transexuales fue elaborado en la anterior legislatura con Fernando Rey como consejero de Educación. El rechazo desde colectivos como el Foro de la Familia, que amenazó con llevarlo a los tribunales, fue inmediato y se materializó en la presentación por parte de Abogados Cristianos de una demanda contra el departamento de educación.
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