'Ley Celaá': "Podemos quiso prohibir las ayudas voluntarias de padres para mantener los centros concertados"

Las voces y colectivos contrarias a la reforma educativa del Gobierno, conocida como la ‘Ley Celaá’, se continúan movilizando para reclamar el cese de la norma que pondría fin a la LOMCE, aprobada en 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Este martes, 10 de noviembre, la plataforma ‘Más Plurales’, integrado por asociaciones de padres, alumnos, sindicatos o colectivos de la educación concertada, protestan en el Congreso de los Diputados contra la ley. Concentraciones a las que también están asistiendo representantes de la Escuela Concertada.

Es el caso de su secretario general, Pedro Huerta, quien en declaraciones a Aleluya ha asegurado que se trata de una ley muy lesiva para la enseñanza concertada: “No sé si la más lesiva, pero lesiva porque se siguen aprobando leyes educativas sin que haya amplio consenso, y para que haya consenso reclamamos que los gobiernos hagan un pacto social por la educación, y del que emanen después las leyes que beneficien al sistema educativo. Querer hacer esto mediante leyes, que además van en contra de otras leyes, es lesivo para la concertada y para todo el sistema educativo del país”.

Unidas Podemos, contrario a las asignaciones voluntarias de padres a centros concertados

Mientras siguen creciendo las voces discrepantes a la ‘Ley Celaá’, se siguen conociendo aspectos que atacan claramente al modelo educativo concertado. Por ejemplo, la intención de prohibir las aportaciones voluntarias de los padres a las entidades que gestionan sus centros para cubrir gastos no incluidos en la subvención estatal, como el mantenimiento de las escuelas o adquisición de material.

“Hubo enmiendas de Unidas podemos orientadas a prohibir expresamente estas aportaciones voluntarias, pero no llegaron a aprobarse”, afirma Huerta, quien ha lamentado la confusión existente en la sociedad, alentada por diversos colectivos y partidos políticos, entre el pago de cuotas y las asignaciones voluntarias.

“Prohibir el pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar está ya regulado, y nosotros desde Escuelas Católicas revisamos que no se cobren cuotas por servicios gratuitos y que forman parte del módulo de conciertos”.

Por ello, el secretario general de Escuelas Católicas ha demandado a las administraciones que, si alguna entidad que cobran por una contraprestación que es gratuita, se investigue y se impongan las sanciones pertinentes: “Las entidades de Escuelas Católicas insistimos que esta práctica no se debe hacer, porque sería una acción ilegal. Me consta que no se hace y que el Gobierno lo que tiene que hacer es velar paras que no se haga”.

Retirar conciertos a centros con educación diferenciada

Pedro Huerta no ha mostrado preocupación por la intención del Ejecutivo de retirar los conciertos a los centros de educación diferenciada, ya que asegura que apenas les afecta. En cualquier caso, ha recordado al Gobierno que los tribunales avalan este modelo educativo, al no considerarlo discriminatorio.

“Nosotros estamos a favor de una educación mixta, pero creemos que la ley gasta fuerzas innecesarias en perseguir a la educación diferenciada, porque las sentencias del Tribunal Constitucional las avalan: “Las familias deben poder elegir si quieren este modelo. Si el Gobierno pretende retirar los conciertos a estos centros, se tendrá que aclarar con los tribunales”.

No ceder suelo público para la construcción de centros concertados

Otro de los aspectos de la ley por los que ha sido cuestionado el responsable de Escuelas Católicas es el punto que contempla no ceder suelo público a la construcción de nuevos centros concertados. Para Huerta, constituye un nuevo ataque a la concertada: “Es algo a tener en cuenta porque representa una situación más de confrontación y ataque a un modelo educativo que en España está asentado desde hace 40 años. Socialmente no genera el rechazo que se nos quiere hacer ver desde la administración, y complementa el sistema educativo aportando calidad. Desde luego hay aspectos en la ley más lesivas para la concertada que la cesión de suelo público, porque la mayoría de los centros concertados ahora mismo no están en condiciones de construir otros nuevos. Pero están en condiciones de mantener lo que tienen. Lo que reivindicamos es que al menos se garantice el mantenimiento de estos centros y seguir ofertando esta oferta educativa a la sociedad”.