Los obispos de Puerto Rico denuncian la precariedad del país, provocada la crisis económica y sanitaria

La Conferencia Episcopal de Puerto Rico se ha pronunciado acerca de la situación de precariedad que sufre el país caribeño a raíz de la crisis económica que viene sufriendo desde hace años, quedando agravada por la pandemia de la covid-19.

El episcopado puertorriqueño ha explicado que "la ausencia de este servicio esencial menosprecia a los puertorriqueños, nos empobrece en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra libertad y en el ejercicio libre de nuestro albedrío". También ha destacado que "impacta negativamente a todos en la seguridad, en la salud, en la educación, en la cultura, en el libre ejercicio de nuestras creencias religiosas, en la economía".

Los obispos del país atribuyen la situación actual de Puerto Rico a "la falta de planificación, mantenimiento y desarrollo adecuado del sistema, la privatización en la que se sobrepone el interés privado al bien común y el bienestar general del pueblo, la administración de fondos de emergencia para proteger estos intereses ajenos, la dependencia de combustibles cada vez más caros y limitados, la carga económica que se impone a los consumidores".

La responsabilidad de los gobernantes para garantizar el bien común

Al mismo tiempo, han señalado que debe ser el gobierno quien soluciones el problema energético, sin importar las disputas políticas internas: "No importa el modelo organizacional que se utilice, es el Gobierno de Puerto Rico el que tiene la obligación de ofrecer a todos los puertorriqueños el nivel de calidad mínima en el servicio eléctrico que nos permita una vida plena".

También han referido que "no es tolerable que ya pasado más de una quinta parte del Siglo XXI se pretenda que en Puerto Rico se viva de la forma en que se vivía hace más de ochenta años en cuanto al acceso a servicio eléctrico"

Al finalizar, el comunicado de los prelados recoge algunas propuestas para impulsar el desarrollo económico del país y garantizar una vida digna a las próximas generaciones. Además, han recordado que la situación viene de hace muchos años, por lo que no se trata de un problema nuevo, e instan al gobierno a actuar: "No se puede pretender que la población se resigne y acepte un servicio ineficiente y los costos que se le suman".