La reacción de un padre ante la propuesta de Celáa de cerrar los centros especiales: "No tiene ni idea"

La ministra de Educación, Isabel Celáa, vuelve a estar en el centro de los focos, después de que la plataforma 'Inclusiva sí, especial también' haya denunciado la intención del Gobierno de España de dejar morir los centros de educación especial en la nueva reforma educativa. Un hecho que la propia ministra ha desmentido.

La polémica ha vuelto a resurgir después de que el pasado año, por estas fechas, la organización por la inclusión CERMI abogara por un sistema similar al de países como Portugal o Francia, por el que todos los niños, independientemente de sus facultades, fueran escolarizados en el mismo centro, y que cada escuela estuviese dotada de personal cualificado para atender las necesidades de este colectivo en el aula. Y es que el CERMI defendía que segregar a estos menores en centros especiales atenta contra los derechos humanos y es un obstáculo para la igualdad.

Un año después, Celáa tramita casi a escondidas, en pleno Estado de Alarma, su reforma educativa que derogaría la LOMCE del PP. Una normativa que, tal y como denuncia la plataforma 'Inclusiva sí, especial también', contempla dejar morir los centros de educación especial en la próxima década. Si nos acogemos al texto de la ley, las protestas de la plataforma están justificadas: “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna (...). El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

El testimonio de un padre cuyo hijo sufre parálisis cerebral: "Cerrar estos centros es una temeridad"

Es un temor por parte de las familias con algún hijo o hija escolarizado en centros de Educación Especial como consecuencia de una parálisis cerebral o una discapacidad intelectual severa. Podrían dejar de existir en diez años. Es al menos la intención que maneja el Gobierno de España,si nos fijamos en el contenido del texto de la reforma educativa en la que trabaja.

El Gobierno plantea es que todos los centros educativos del país estén adaptados para una completa inclusión y dotarlos de las herramientas con las que cuentan los centros de Educación Especial. A priori tarea complicada. En España hay cerca de 35.000 personas escolarizadas en alguno de estos centros. Entre ellos Víctor, el hijo de José María. Su grado de discapacidad es del 93%, tras la parálisis cerebral que sufrió durante el parto. Desde los tres añitos acude al centro de educación especial del que dispone APACE Toledo. Centro donde Víctor progresa, aunque muy lentamente: “Es un centro que a mi hijo le ha dado la vida. Ahora, a sus nueve años, es capaz de andar con cierta soltura, y se atreve incluso a caminar solo. También tiene capacidad para jugar con sus manos, estar sentado y mantener cierto equilibrio o interactuar con los demás mediante el contacto. En definitiva, le permite obtener una cierta autonomía, una vida digna en la medida de los posible, aunque siempre estén guiados”, asegura su padre.

Por ello, José María no entiende la intención del Estado de desmontar estos centros: “Yo creo que es fruto del desconocimiento, tanto de la clase política como de la sociedad. No tienen ni idea. Cerrar estos centros especiales es una temeridad. Si finalmente se lleva a cabo, a mi hijo se le acabarán las pocas oportunidades que tiene para llevar una vida digna”.

La tutora de Víctor se llama Mónica. Conoce al dedillo el progreso de sus alumnos. José María está convencido de que en un centro ordinario, no habrá otra Mónica esperando a Víctor: “Es imposible que lo haya. El cariño y el amor que estos profesores son capaces de darle a mi hijo y sus compañeros sería inviable en un colegio ordinario, por mucho que quisieran. Trabajar con estos niños requiere una formación especial y tiempo.”

José María pronostica además que la escolarización de su hijo implicaría mayor sufrimiento para él y la familia: “Ya se han conocido muchos casos en el que los chicos con discapacidad han estado un tiempo en los colegios, pero su inclusión ha sido inviable. No ya solo por el desconocimiento de la sociedad, sino por la falta de respeto que existe en general, no solo con el colectivo dependiente. Y en edades escolares además la incomprensión de los chavales es aún mayor.”

Padres y profesionales se han manifestado en los últimos dos meses contra esta iniciativa gubernamental. Para muchos de ellos, supondría atentar contra la libertad de los padres a la hora de elegir centro: “Igual que tengo libertad para elegir médico, tengo derecho a decidir donde quiero que vaya Víctor, si a un centro ordinario o a uno especial. El Estado, en lugar de poner trabas, debería facilitarnos las cosas.”