Constitución y responsabilidad , ahora todavía más necesarias en España ? editorial Ecclesia

Constitución y responsabilidad , ahora todavía más necesarias en España ? editorial Ecclesia

Los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 pasarán, sin duda, a la historia política de España. Por primera vez desde la llegada de la democracia a nuestro país en 1977, el Gobierno de la nación y su presidente eran legalmente removidos del ejercicio de sus funciones mediante el resultado positivo de una moción de censura. La moción fue presentada tras el fallo de la Audiencia Nacional, el 24 de mayo, del caso Gürtel, que condena, en veredicto todavía no firme, al Partido Popular a pagar una indemnización de casi un cuarto de millón de euros por su participación a título lucrativo en esta trama de corrupción.

Apenas 24 horas después de conocerse esta sentencia, el principal partido político de la oposición, el PSOE, presentó una moción de censura, en la que, a tenor de lo prescrito en la Constitución de 1978, proponía un candidato a la presidencia del Gobierno, en este caso, a su secretario general, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Y aun cuando, el grupo parlamentario socialista solo tiene 84 diputados (la cámara cuenta con 350 diputados), desde el primer momento se percibió que la votación final iba a depender de los cinco diputados del PNV, como curiosamente también había pasado el miércoles 23 de mayo con la aprobación de los presupuestos generales del Estado propuestos por el PP.

En el mediodía del viernes 1 de junio, la votación arrojó el siguiente resultado: 180 votos a favor de moción de censura de Pedro Sánchez, 169 en contra (los 137 del PP, UPN y Foro Asturias y los 32 de Ciudadanos) y la abstención de la única diputada de Coalición Canaria. De este modo, llevaban a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno los votos del PSOE, de Podemos y sus confluencias, PNV, Nueva Canarias y los de las dos formaciones soberanistas catalanas (PEDeCAT y ERC) y los de la proetarra Bildu. Con el resultado citado, legal, constitucionalmente Pedro Sánchez se convertía en el presidente del Gobierno y como tal prometía su cargo ante el Jefe del Estado, el sábado 2 de junio. Y nuestro sistema legislativo y, con él la ciudadanía española, en medio de unas jornadas vertiginosas e históricas, volvían a mostrar, una vez, una inequívoca madurez democrática.

Junto a todo ello, junto a la nueva situación indiscutiblemente constitucional en que nos hallamos, es lógico también que algunas evidencias reclamen un más extremado todavía ejercicio de la responsabilidad por parte del nuevo presidente y de su Ejecutivo. Nos referimos al hecho Sánchez vaya a ser el primer presidente del Gobierno de España que ha accedido al cargo sin ganar las elecciones, y que, además, se apreste a gobernar con tan solo 84 diputados en el Congreso (medio centenar menos que el PP) y con una amplia mayoría absoluta contraria en el Senado. E igualmente nos referimos a las posibles reclamaciones que le puedan presentar sus socios de moción de censura y de investidura, singularmente PEDeCAT, ERC y Bildu.

Por ello, y como ha escrito el presidente de la CEE al nuevo presidente del Gobierno español, "el servicio al bien común, la unidad, prosperidad y cohesión social de nuestro país, la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos" han de ser las prioridades de la nueva etapa política recién comenzada.

Y para ello, escribimos ahora nosotros, será también de capital importancia que el nuevo Gobierno tenga en cuenta, por las mismas razones de legalidad y responsabilidad constitucionales, la necesidad de respetar y de promover en justicia derechos fundamentales, recogidos por nuestra carta magna como los de libertad religiosa y libertad de enseñanza (artículos 16 y 27) y todo lo relativo al derecho a la vida desde su inicio natural hasta su ocaso y a las políticas auténticas y eficaces (no demagógicas) de inclusión social. Amén del escrupuloso respeto a la Constitución y sus vías en relación a la unidad de España.

Finalmente, querríamos ofrecer también una doble y brevísima reflexión acerca de la ausencia, por primera vez en democracia desde 1977, del crucifijo y de la Biblia en la toma de posesión de un presidente del Gobierno. Primero, que la opción elegida por Sánchez se ajusta a la legalidad (la normativa la introdujo en 2014 el Rey Felipe VI). Y segundo, que su significado es tan obvio, como innecesario abundar, o hurgar, más en ello.