Los 40 años de la Constitución española y la misión de la Iglesia en la sociedad ? editorial Ecclesia

Los 40 años de la Constitución española y la misión de la Iglesia en la sociedad ? editorial Ecclesia

La Constitución española de 1978 cumple 40 años. Aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y por la inmensa mayoría del pueblo español, convocado en referéndum, el siguiente 6 de diciembre, fue sancionada solemnemente por el Jefe del Estado, entonces el Rey Juan Carlos I, el 27 de diciembre. Estos cuarenta últimos años de España son los mejores de su historia en libertad, democracia, bienestar y en el progresivo crecimiento ?tarea siempre pendiente- en pro de una sociedad más justa e inclusiva.

La Constitución de 1987 fue el fruto de una voluntad política, social y ciudadana de construir una España mejor y para todos, poniendo las bases para la reconciliación tras la Guerra Civil y el posterior régimen político autoritario que gobernó el país durante casi cuatro décadas. La Constitución de 1978 quiso acabar con el espectro siniestro de las dos Españas y anteponer la concordia, el bien común y un futuro de mayor bienestar, libertad y respeto y promoción de los derechos humanos, dotando al país de un Estado social y de derecho.

En fidelidad al Concilio Vaticano II y a la guía sabia y prudente del Papa de entonces, el hoy san Pablo VI, la Iglesia católica en España contribuyó con discreción y eficacia a que esta España que alboreaba en 1978 fuera posible. Nuestros obispos, y con ellos la comunidad eclesial, entendieron que la llamada "cuestión religiosa", que tanto y tan acremente se evidenció en la II República y en los terribles episodios de la persecución religiosa de los años 1931 a 1939, debía desaparecer para siempre. Asimismo, nuestra Iglesia supo renunciar al "maridaje", periclitado e inconveniente, que con el Estado se vivió en los años posteriores a la guerra y previos a la democracia. Y abogó desde el ejemplo por una sana separación entre la Iglesia y el Estado y por la búsqueda conjunta con él y con el resto de los agentes sociales, políticos y ciudadanos para servir y cooperar al bien común desde la independencia y la libertad.

Y ello quedó plasmado singularmente en el artículo 16 de la Constitución de 1978, que define a España como un Estado aconfesional o si se quiere un Estado de laicidad positiva. Y este contexto constitucional nacieron los vigentes Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

Las anteriores afirmaciones, que suscribimos con claridad y sin tibieza alguna, no significan que esta Constitución, la más longeva de nuestra historia, sea perfecta e intocable. Como ha afirmado el nuevo secretario general de la CEE, monseñor Luis Argüello, en una reciente entrevista periodística "la Constitución es algo valioso, que nosotros defendemos, pero no sacralizamos. Puede ser modificada, pero hay que seguir las reglas de juego".

Por ello, en esta hora presente de España y cuando, por ejemplo las recientes elecciones autonómicas en Andalucía han vuelto a evidenciar la progresiva desaparición de bipartidismo político y la fragmentación del voto ciudadano, creemos necesario reivindicar el valor de la Constitución de 1978 y recordar que esta fue posible no sobre la imposición de una mayoría sobre el resto de las minorías, sino desde el consenso, el acuerdo, el diálogo y la concordia.

Asimismo, en medio del anuncio de notables mermas a la clase de Religión y de trabas a la educación concertada presentes en el anteproyecto gubernamental de reforma educativa (ecclesia, número 3.962, página 5), bueno será insistir en el artículo 27 de la vigente Constitución y en las demandas -hasta clamor- de los ciudadanos que en el 65% de los casos apoya la primera y cerca de un tercio elige la segunda.

Y lo mismo podríamos decir en relación con las manipulaciones, intoxicaciones y hasta insidias sobre las inmatriculaciones y la ley de mecenazgo, en las la Iglesia no disfruta de ningún régimen o situación que no tengan otras instituciones civiles, benéficas, políticas, sindicales y religiosas.

Ni hace cuarenta años ni ahora la Iglesia quiere privilegios de ningún tipo, ni confesionalismos larvados de ninguna naturaleza, como tampoco laicismos beligerantes. Quiere servir a la sociedad y poder hacerlo con libertad e igualdad de trato. Quiere el cumplimiento, desarrollo y promoción de los derechos fundamentales y de la letra y el espíritu de la Constitución, a la que no sacraliza, pero sí respeta y valora, y sobre cuya eventual reforma solo pediría que se hiciera de la ley a la ley.