La reforma educativa en España no puede marginar los derechos de los padres ? editorial Ecclesia

La reforma educativa en España no puede marginar los derechos de los padres ? editorial Ecclesia

El Gobierno de España se apresta a aprobar el anteproyecto de ley de reforma de la vigente ley educativa (LOMCE). Y más que un reforma lo que el Ejecutivo se dispone a llevar a las Cortes es una contrarreforma, en la que el diálogo y la búsqueda del consenso verdaderos han brillado por su ausencia. Los distintos agentes e instituciones del mundo de la educación han sido meramente informados, evaporándose, una vez más, el horizonte del tan necesario pacto educativo de Estado.

Y el resultado (ver página 10) es la discrepancia y la frustración, que, salvo no previsible, en principio, corrección parlamentaria, haría de esta nueva reforma educativa -¡la octava de la España democrática!- una ley de alto contenido ideológico que responde a interés políticos, electoralistas y partidistas y que no proporciona la estabilidad que el sistema educativo precisa.

¿Cuáles son nuestras principales y serias reservas al citado anteproyecto? En primer lugar, los modos, las formas, el talente, el estilo que con que se ha gestionado, carente de verdadera voluntad de llegar a acuerdos y de escuchar y de respetar todas las sensibilidades del mundo de educación. "Ha sido para todos nosotros ?declaró recientemente el cardenal presidente de la CEE- una sorpresa y no grata que, sin comunicación ninguna por parte del Ministerio, nos hayamos encontrado con un borrador de anteproyecto de ley, después de haber reclamado todos la necesidad de un pacto educativo".

Con todo, es más grave todavía la poca, más bien nula, consideración que se está teniendo con los derechos de los padres y con la completa legalidad vigente en España en materia educativa. Y aquí queremos hacer un expresa y especial mención a los Acuerdos Iglesia-Estado en 1979 y a su carácter vinculante, máxime habida cuenta de que estos se insertan plenamente en el espíritu y la letra de la Constitución (artículo 27), y a cómo estos no se tienen en cuenta en el referido anteproyecto en relación, sobre todo, con la clase de Religión.

Y es que la clase de Religión no solo no aparece en el anteproyecto entre el resto de las asignaturas, sino que se le aparta y confina a un par de disposiciones adicionales. La clase de Religión ?no hace falta volver a recordar que tanto la católica como la de cualquier otra confesión- no tendría alternativa alguna y no computaría en la nota de cara al acceso a becas y al acceso a la universidad. Y, además, a día de hoy, está en al aire la determinación sobre el currículo y sobre los libros y materiales de texto, hasta ahora competencia, lógica, de las confesiones religiosas.

¿Y por qué estas disposiciones marginarían derechos? Porque son los padres, primeros e insustuibles sujetos del derecho a la educación de sus hijos, quienes reclaman esta asignatura, que, en el caso de la clase de Religión católica, supera, a pesar de ya más de dos décadas de trabas y hostigamientos, el 60% de la entera población escolar.

Por ello, y con recientes palabras, de nuevo, del cardenal Blázquez, "pedimos que la clase de Religión se oferte como se viene ofertando, sin recortes y sin trampas, porque los padres tienen la responsabilidad de elegir la educación para sus hijos según sus convicciones".

Y también se marginan los derechos inviolables de los padres cuando, como también sería ahora el caso, se restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos y se asfixia el derecho a la libertad de enseñanza, relegando a la escuela concertada a un papel subsidiario.