De insultos, señalamientos y libertad de prensa

"Nuestro sistema democrático tiene como una de las claves la libertad de los medios para informar y hacer la crítica que se considera oportuna y colaborar al bien común. Los insultos para nadie y los insultos por nadie, pero la libertad de información y opinión para todos".

Mons. Argüello fue meridianamente claro. Al término de la Comisión Permanente, los periodistas le preguntaron, entre otras cuestiones, por unas controvertidas palabras del Vicepresidente del Gobierno, en las que defendía de una manera muy sui generis un ataque ad hominem contra el periodista Vicente Vallés. En ellas, Pablo Iglesias hablaba de "naturalizar" el hecho de que quienes están en la esfera pública puedan estar sometidos a "crítica e insultos", especialmente en redes sociales.

Se olvida el señor Iglesias de un principio fundamental, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española. La libertad de expresión, como destacaba el Secretario General de la CEE, es uno de los pilares de nuestro sistema democráticos. Y, junto a él, el derecho a la información, garante de la libertad de prensa. Pero no son infinitos: tienen sus límites, reflejados en el articulado de la propia Carta Magna. Y uno de ellos es el respeto a la dignidad y a la propia imagen de cada persona.

El derecho a la libertad de expresión no incluye el privilegio a exigirles a los demás que no te critiquen o no te rechacen en función del contenido de lo que hayas expresado. Los medios de comunicación, y los periodistas en general, tenemos no sólo el derecho, sino el deber de exponer públicamente aquellas cuestiones criticables, con el fin de realizar la correspondiente denuncia social en aras a una mejora del conjunto de nuestra realidad más cercana. Normalmente esas críticas son verdaderamente incómodas para el poder, pero, si se realizan desde la verdad y el respeto, no deben ser censurables, puesto que son las que nos permiten avanzar como sociedad.

En cambio, poner en la picota de las redes sociales a un periodista con nombres y apellidos, única y exclusivamente porque ha publicado determinadas informaciones que escuecen demasiado en un partido político, demuestra el poco conocimiento sobre lo que significa la libertad de prensa. Un peligroso comportamiento, además, cuando proviene de un partido que está en el Gobierno de un país. La libertad de expresión no se basa en el hecho de que los poderes públicos critiquen duramente, o incluso amenacen de forma velada, a los medios de comunicación o a los periodistas independientes, sino justamente lo contrario: que los medios puedan criticar al poder político.

Criticar a la prensa no es lo mismo que pretender silenciarla cuando no nos conviene. Eso se llama censura, y vivimos ya bastantes años anclados en ella como para querer volver a comportamientos dictatoriales. Defender el supuesto derecho del Gobierno a arremeter contra la prensa termina por pervertir las reglas del juego democrático.

Pero lejos de rectificar, todo un Vicepresidente del Gobierno, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, da una gran lección de la archiconocida como "ley del embudo": si él critica o insulta, es una crítica legítima; pero si lo hacen otros sobre él, es un señalamiento y una persecución denunciable. Y, cuando se hacen estas consideraciones desde el foro en el que se realizaron, adquieren un carácter oficial y una relevancia especial.

Se olvida, una vez más, el señor Iglesias que el hecho de que las opiniones sean libres y deban ser respetadas no implica que veamos como natural el descrédito y la ofensa. No todo vale bajo el paraguas de la libertad de expresión. Y mucho menos propugnarlo desde instancias gubernamentales. Porque una cosa es que quienes estén en puestos de responsabilidad (sea política o mediática) estén de facto bajo la lupa del escrutinio social, y otra muy distinta es que tengan que soportar linchamientos públicos sin el menor atisbo de respeto. Lo mires por donde lo mires, no es natural, y lo único que conduce es a una espiral de crispación y violencia sin límites.

No podemos pretender que sea normal un comportamiento denunciable. No podemos pretender que se deba tolerar o soportar el insulto, provenga de donde provenga. Adjetivar ofensivamente es perder el respeto por el ser humano, convirtiéndonos en lobos contra nosotros mismos. Quizá sea el momento de no azuzar aún más a las jaurías hambrientas de una nueva cacería pública.