Jiménez: "La izquierda quiere priorizar el adoctrinamiento y el intervencionismo frente a la libertad"

Preocupante resulta que de nuevo estemos ante una nueva ley educativa (sería la octava) que va a nacer, a tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos, sin el consenso político y, lo que es más grave, sin el consenso de la comunidad educativa. Aquella que está directamente relacionada con la formación de los alumnos y de nuestros hijos, en este caso. La llamada Ley Celaá empieza a tramitarse en el Congreso en fase de Comisión, y preocupa muchísimo, porque viene otra vez a incidir en aquello que siempre se le ha criticado a la izquierda. La izquierda siempre ha llevado la educación al campo de batalla ideológico y político. Y a las pruebas nos remitimos: la izquierda se lleva muy mal con la libertad educativa en general, pero se lleva sobre todo muy mal con la libertad de los padres para poder elegir libremente (valga la redundancia, porque es un derecho, además, constitucional) el centro que desean para que sus hijos se formen y estén escolarizados.

Se lleva mal también con la libertad de los padres para escoger la religión que quieren para sus hijos. Se lleva muy mal con la meritocracia, con la excelencia en definitiva. También con la autoridad de los profesores. En definitiva, estamos ante una nueva ley en la que, de nuevo, la izquierda pone de manifiesto que quiere priorizar el adoctrinamiento y el intervencionismo frente a la libertad. Y eso debe preocuparnos a todos. Y considerar que esta es una batalla que no debemos perder. O, por lo menos, que debemos dar hasta el final. Debemos obligar al Gobierno a que rectifique, en la medida de lo posible. Sólo queremos y pedimos libertad. Libertad educativa, que es la que esa Ley Celaá no nos concede.

El hecho de que esta ley vaya a cargarse de una forma total y absoluta la llamada demanda social va a impedir, por ejemplo, que los padres puedan elegir libremente el colegio que quieren para sus hijos. Y me refiero, por ejemplo, al hecho de que si los padres quieren que sus hijos estudien en una escuela o un colegio concertado, no van a poder hacerlo. Porque esa demanda social va a desaparecer: si hay más demanda de plazas en los colegios concertados que en los públicos, la ley elimina esa posibilidad. Y, por tanto, los padres no van a poder elegir libremente. Y tendrán que escolarizar a sus hijos en la escuela pública que les diga el Gobierno de turno. Y eso es lo más grave.

En definitiva, estamos ante un nuevo caso de adoctrinamiento e intervencionismo por parte de un Gobierno de izquierdas a propósito de algo tan fundamental y tan imprescindible y tan importante en un país democrático como es la educación. Y por eso, esta batalla tenemos que seguir dándola hasta el final.