Juez Vázquez Taín, sobre las expropiaciones del Gobierno balear: "Lo han hecho jugando al solitario"

El Govern balear inició el pasado martes el proceso de expropiación temporal de uso de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social, 27 de ellas en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza, por un coste previsto de 1,8 millones de euros.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado la primera resolución de cesión obligatoria, una medida incluida en la Ley balear de Vivienda de 2018, que es pionera en España, ha asegurado el departamento autonómico en un comunicado. La resolución de este martes supone el inicio de la expropiación del primer paquete de pisos vacíos, propiedad de grandes tenedores, que una vez completado todo el proceso legalmente establecido se podrán incorporar durante 7 años al parque de vivienda social que gestiona el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

El juez, José Antonio Vázquez Taín, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la legalidad de la operación de expropiación que quiere realizar el Gobierno balear: "Legal no lo es, pero hay que analizarlo detenidamente. Lo primero que hay que decir que una ley es legal cuando lo dice el constitucional. Aquí han jugado al solitario, nos hemos reunido, no se ha presentado el recurso del constitucional y por tanto la ley es legal, han pensado. Ahora cualquiera de los afectados podrá plantear una cuestión contenciosa-administrativa".

También ha señalado algunos detalles jurídicos importantes para conocer el caso: "Antes de la Ley de Vivienda está la Ley de Suelo. Cada vez que se urbaniza un determinado territorio, todos los agentes involucrados tienen que ceder suelo a las entidades públicas para que construyan viviendas. Es decir, todo constructor ya cede suelo para que las entidades públicas construyan infraestructuras como viviendas de protección oficial. Luego ya paga esa promoción cediendo suelo. Por eso no pueden decir que no hay otra vía, habría que ver que han hecho con todo ese suelo y con todos esos impuestos. Por lo que con todos estos datos podemos apreciar que estamos ante una expropiación a dedo".

En este sentido, ha subrayado cómo se debe ejecutar las posibles reclamaciones. "Ellos no pueden ir al Constitucional directamente. Ellos tienen que ir a un tribunal ordinario y decirles su visión sobre esta expropiación. Lo primero que tiene que decir el juez es decir si la norma legal es constitucional o no. Entonces verán que solamente será constitucional cuando sea la única manera que existe para conseguir una vivienda de protección oficial. Es algo parecido a lo que ocurre cuando se expropian fincas para el paso de las carreteras. Cada propietario debe ir a su juzgado contencioso-administrativo, de forma individual. Si el juez considera que no se está actuando bajo la ley puede impugnar, paralizar esa expropiación y permitir al propietario que la alquile bajo las reglas del libre mercado".