Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE: "Las empresas necesitan mucha más ayuda del Gobierno"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que el coste que los ERTE están teniendo para las arcas públicas "es muy inferior" a lo que dice el Gobierno, cuya portavoz, María Jesús Montero, lo ha cifrado entre 4.500 y 5.000 millones de euros mensuales.

Durante su intervención en la inauguración de la Junta Directiva de la patronal, Garamendi ha dejado claro que "tiene dudas de que los datos que transmite la Seguridad Social sean reales. Los hemos pedido y no nos los dan", ha dicho.

El presidente de la CEOE considera indispensable para seguir negociando la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) conocer cuánto gasta el Estado en exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social las empresas afectadas y cuánto en prestaciones de sus trabajadores.

Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para tratar el asunto del futuro de los ERTE y también mostrar algunas claves que serían oportunas para que las empresas que necesitan reducir su plantilla pudieran sobrevivir: "La realidad es que las empresas que pensaban que solo iban a tener dos o tres meses malos se han dado cuenta de que han pasado muchos más y la cosa no mejora. Durante mucho tiempo estas empresas no van a poder volver a tener la actividad que tenían antes y eso desde luego obliga a las empresas a tomar otras medidas. No es un problema de liquidez, es más de solvencia".

Por último ha desvelado algunas de las claves que pueden estar detrás de esta 'supervivencia empresarial". "Es evidente que hay empresas que para poder sobrevivir necesitan equilibrar su cuenta de gastos. En muchos casos hay empresas que podrían ser viables pero tendrían que reducir su plantilla. En la actualidad despedir de una empresa a una persona que tenga cierta antigüedad es casi imposible, porque estaríamos hablando de costes que ahora mismo no se podrían cubrir. Lo que pretendemos es que las empresas que necesiten disminuir su plantilla demuestren que lo necesitan para sobrevivir y sea el estado el que cubra parte de esa indemnización".