Vázquez cree que el Gobierno ha cometido un error filtrando el borrador de Venecia: "El colapso"
Antonio Jiménez entrevista al presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, para analizar el borrador de la Comisión de Venecia: ¿Avala la amnistía?
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Estamos delante de un documento que jamás deberíamos haber conocido. Los papeles que están trascendiendo son el borrador del informe que está preparando la Comisión de Venecia. Un borrador, que, simplemente, envía la Comisión a las partes implicadas para que puedan hacer observaciones. Lo que no se esperaba la Comisión es que una de esas partes, filtrara el borrador, y menos, que fuera el mismo Gobierno de España, que, además rápidamente, se afanó en colocar el mensaje de que Venecia avalaba la Ley de amnistía. Y ni mucho menos.
"El colapso del Gobierno"
Antonio Jiménez ha entrevistado en 'El Cascabel' a Adrián Vázquez, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que considera que esta "filtración confirma que están desesperados", refiriéndose al Gobierno de Pedro Sánchez. "Se pensaban que no nos íbamos a leer el borrador", sostiene Vázquez, y añade la principal consecuencia que puede tener esta filtración: "La filtración rompe el principio de confianza entre España y la Comisión de Venecia". Para el eurodiputado de Ciudadanos, el Ejecutivo de Sánchez ha entrado en barrena: "Lo que estamos viendo es el colapso del Gobierno en directo y de un Presidente que ha emprendido una huída hacia delante".
¿Qué dice el Consejo de Venecia?
El Consejo de Venecia encuentra positivo la reconciliación política y no ve que la ley atente contra la separación de poderes. Pero a partir de ahí, el borrador es un sinfín de críticas hacia la norma: dice que un procedimiento de tramitación rápida no es apropiado para una ley que además está causando tanta división y basándose en esa división, esa controversia, la comisión llega a sugerir, y cito textualmente: "que sería preferible regular este asunto, explícitamente, mediante una enmienda constitucional".
¿Y el punto más criticado? Que la ley de amnistía presentada para el programa es una norma hecha a la medida de determinadas personas, y que esa no es la filosofía de las amnistías.
A partir de ahora ¿Qué?
El PP ya ha emitido la queja a Venecia sobre la filtración del Gobierno. El informe continúa en trámite, puede cambiar: se hará público tras la sesión plenaria que tendrá lugar los próximos días 15 y 16 de marzo.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, que no es UE, y al que pertenecen países tan democráticos como Turquía o Armenia y al que pertenecía Rusia hasta que invadió Ucrania y lo expulsaron.
Si para el PSOE se trata de un borrador que avala plenamente la proposición de ley pactada por su grupo, Junts y ERC, los populares niegan esa interpretación y subrayan que cuestiona varios puntos de la iniciativa, que aún sigue en su trámite parlamentario en el Congreso.
A petición del Senado
El 13 de diciembre, la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría absoluta, pidió a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho -Comisión de Venecia- un dictamen urgente sobre la proposición de ley de amnistía que, según han alegado en numerosas ocasiones los populares, se ha impulsado "a costa del consenso parlamentario" y frente a un amplio "rechazo" social y jurídico.
En respuesta a esa petición, la Comisión de Venecia visitó Madrid a principios de febrero para elaborar un informe sobre la ley de amnistía.
Sus miembros se reunieron con el gobierno, parlamentarios de distintos grupos del Congreso y del Senado, así como con representantes del Poder Judicial y de asociaciones de juristas.
En su visita, los miembros de la comisión se vieron el 8 y 9 de febrero con representantes de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo.
En la larga lista de reuniones de la agenda de la comisión, figuraron diputados y senadores de cada grupo parlamentario, miembros del Consejo General del Poder Judicial, el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, miembros de la Fiscalía, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y distintas asociaciones de juristas.