Ramón Rodríguez Arribas ofrece las claves del recorrido legal que puede tener la nueva ley del Poder Judicial

Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Supremo, analiza en 'El Cascabel' la postura del Gobierno en la reforma del Poder Judicial. El abogado expone que “habría que apelar a la Unión Europea, pero además, hay que recordar que el artículo 122 de la Constitución, en su número 2, dice que la Ley Orgánica del Poder Judicial tendrá que regular y establecer las funciones del Consejo especialmente en materia de nombramientos, de régimen de los jueces y de las disciplinas de los jueces”. Es decir, explica el exvicepresidente, “la ley debe regular las funciones del consejo, lo que no puede hacer es suspender las funciones de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, y esto, si se hace, tiene una marca clara de inconstitucionalidad”.

El exvicepresidente del Tribunal Supremo declara en TRECE que “hay que tener en cuenta de que ha llegado la hora de que el Tribunal Constitucional se replantee la posibilidad de, si en asuntos que afectan a los derechos fundamentales y a las normas fundamentales del funcionamiento del estado democrático, cuando se puede producir una ley que los burle tan gravemente y convierta en absolutamente irremediables los daños que se cause, que se suspenda la aplicación de esa ley”.

"Son los comités ejecutivos de los partidos políticos mayoritarios los que eligen los nombres de los jueces"

Ramón Rodríguez Arribas manifiesta que “esto no es nuevo, desde el principio de la democracia ha habido siempre una especie de idilio entre el poder judicial y el resto de los poderes del estado”. Sin embargo, explica que en 1985 “se dictó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se introdujo en ella una modificación sustancial, la de que los miembros del CGPJ en lugar de ser elegido por los propios jueces, fueran propuestos al Rey por el Congreso y el Senado”. El abogado opina que “en la práctica, ha sido peor” y justifica que “son los comités ejecutivos de los partidos políticos mayoritarios los que eligen los nombres. Y esto da una imagen de politización partidista del CGPJ que le ha desprestigiado injustamente, y si los ciudadanos perciben que la justicia puede estar mediatizada, estamos perdidos”.