Vota | ¿Qué le parecen los constantes ataques de Sánchez y sus socios separatistas contra los jueces?

"Jueces prevaricadores", "de partido", con "dotes telepáticas", "acusaciones delirantes"... Los socios parlamentarios del Gobierno han cargado este martes contra los magistrados que juzgaron o aún investigan actuaciones del "procés" con tres nombres propios: Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre. Ha sido en el debate de la ley de amnistía celebrado en el pleno de Congreso, donde la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha sido la más dura en sus críticas al poder judicial.

"Allí no hay Marchenas"

Nogueras ha citado en concreto al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el caso Volhov y ha asegurado que su formación asume "toda la responsabilidad" ante lo que diga la justicia europea.

"Allí no hay Marchenas, no somos terroristas, no tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido", ha recalcado.

Además de Junts, otros grupos parlamentarios han lanzado acusaciones contra jueces con nombre y apellidos, por lo que Vox ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una llamada al orden y a evitar unos "comportamientos impropios de un sistema democrático". Esta, por su parte, ha recordado a los parlamentarios que se debe guardar "el debido decoro".

Desde Podemos, Martina Velarde ha recordado que el precedente de la actual "ofensiva judicial salvaje" contra la ley de amnistía se vivió con la ley del solo sí es sí: "Nos jugamos si en la democracia española mandan los representantes de la soberanía popular (...), o la derecha judicial y el juez García-Castellón".

También el diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha criticado con severidad en su discurso al juez García-Castellón por ver "terroristas y traidores a la patria por doquier", mientras ha estado "ciego con la corrupción del PP".

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Jon Iñárritu ha censurado los "movimientos oscuros" de la extrema derecha "en el ámbito judicial, político y en medios de comunicación", dentro de una actuación "coordinada" con jueces "prevaricadores" .

El diputado del grupo parlamentario vasco Mikel Legarda ha remarcado, por su parte, que al poder judicial no le corresponde "banalizar lo que ha de ser calificado como terrorismo, haciendo un uso alternativo del derecho practicado por un cierto activismo judicial".

También ha cargado el diputado del BNG Nestor Rego contra la derecha y la ultraderecha política y contra "el aparato judicial a su servicio": "el ala judicial no se detiene empeñada en dejar claro que el lawfare existe".

La "humillación" a Sánchez

En el lado opuesto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado que la ley de amnistía puede ir "más lejos" e incluir la alta traición porque de esta norma depende la legislatura y "volvemos a ver ministros comiéndose las palabras" y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "saltando a la comba con sus líneas rojas".

Feijóo ha considerado una "humillación" que Junts pueda hacer volver la norma a la Comisión de Justicia y ha advertido a Sánchez de que los independentistas "le han cogido la medida", cada votación es "un calvario" y el Gobierno está ya en "respiración asistida".

La "demolición" del Estado de derecho

También desde el bloque contrario a la ley de amnistía, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado la "demolición del Estado de derecho" y ha acusado a los independentistas de querer provocar en 2017 una "guerra" en Cataluña, un enfrentamiento civil.

Abascal ha criticado asimismo con dureza al PP por no romper todos los puentes con el PSOE y le ha instado a no pactar la renovación del CGPJ, a permitir que se recurra ante el Constitucional la reforma del artículo 49 de la carta magna y utilizar su mayoría en el Senado para impedir la tramitación de la ley.

Contrarios a una ley que "humilla" la Constitución

En la misma línea, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha denunciado que España no merece la "ignominia" y la "infamia" de un Gobierno "sumiso y obediente a las exigencias de los secesionistas" que "humilla" la Constitución o el Estado de derecho y que "blanquea a los herederos de ETA".

Contraria también a la amnistía, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha recordado al Gobierno el acuerdo alcanzado con su partido para la investidura y todavía no cumplido, por el que el Gobierno se comprometió a asumir competencias sobre los menores migrantes que llegan a Canarias, y le ha advertido de que el tiempo vuela: "los acuerdos si no se cumplen por un lado, tampoco se cumplen por otra".

Una ley para el "reencuentro"

El diputado socialista Francisco Aranda ha defendido la norma impulsada por su partido, una "ley constitucional" que -ha remarcado- representa una "apuesta decidida, valiente y democrática" para seguir avanzando en el "reencuentro y la convivencia".

En un discurso dirigido al PP, Aranda ha criticado la "política de torpedear investigaciones judiciales, de los sobresueldos" y de "utilizar Cataluña para sus intereses particulares", y ha acusado al partido de Núñez Feijóo de "dar la espalda a la España plural" y ligar su futuro "a la ultraderecha".