¿Son legales las protestas de Núñez de Balboa? Un catedrático de Derecho da la respuesta
Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, analiza en 'TRECE al día' las protestas y concentraciones contra la gestión del Gobierno
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En los últimos días, hemos visto protestas y concentraciones contra la gestión del Ejecutivo en diferentes ciudades del país. En "TRECE al día" las han analizado este lunes desde un punto de vista legal con Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional. Sobre si se ajustan a derecho, el catedrático señala que "el estado de alarma no limita directamente el derecho de reunión, solo lo puede limitar indirectamente". En ese sentido, apunta que "cuando se comunican las manifestaciones a la Delegación del Gobierno no se hace para pedir autorización porque no lo necesitan. "Simplemente se comunican por si existe algún problema de orden público con el itinerario", ha dicho.
Vidal explica, que en este caso, "estamos ante manifestaciones que no se comunican" y añade que "las concentraciones contra el Gobierno no han sido las únicas". "Se han producido algunas tras la muerte de Julio Anguita o a favor de los presos de ETA. Si hay que tomar medidas, habrá que tomarlas en todas las concentraciones", ha señalado.
En relación con el papel de las autoridades, el catedrático en Derecho Constitucional destaca "lo que la Policía sí puede pedir a los participantes que guarden la distancia de seguridad". "Es una situación de riesgo, pero entiendo que quien lo hace está cansado y no se siente bien tratado por el Gobierno", ja dicho. Carlos Vidal añade que "ha faltado transparencia del Gobierno a la hora de explicar los riesgos a los que uno se somete cuando no se cumplen las medidas de prevención, y por otro lado, las personas que tienen derecho a expresar su descontento, pero cumpliendo las medidas sanitarias".
Carlos Vidal ha contado por último en TRECE que discreps de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la concentración de Vigo "porque cuando alguien comunica una concentración y las medidas de seguridad no son suficientes, es la Administración Pública la que tiene que decirlo, pero decir que no es tanto como prohibir o suspender ese derecho". "Por eso, creo que hay que tener prudencia tanto por parte de las personas que se están manifestando como de las autoridades", ha concluido.