El exfiscal general del Estado aprueba la "dimisión" de Álvaro García Ortiz por el "daño irreparable" a la institución

El juez que investiga la causa del fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos ha dado nuevos pasos y ha citado a Álvaro García Ortiz como imputado el próximo 29 de enero. Según el auto de Ángel hurtado, el fiscal general fue la persona que dirigió los pasos encaminados a la filtración de ese correo con los datos privados del novio de Ayuso y que además, se aprovechó de la situación de superioridad que le da su cargo para hacerlo. Además, el magistrado da por hecho de que esos datos privados salieron directamente de la Fiscalía General destino Moncloa. Por todo ello, Hurtado cree que se dan las condiciones necesarias para tomarle declaración el día 29 de enero. El instructor del caso también ha citado para el día 30 a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al tiempo que ha imputado a Diego Villafañe, persona de confianza y mano derecha del fiscal General al que llama para el 5 de febrero.

El fiscal general del Estado, citado a declarar como imputado el próximo 29 de enero

Álvaro García Ortiz, ¿debe dimitir? Es la pregunta a la que ha dado respuesta la oposición. Desde el Partido Popular han pedido la dimisión inmediata y explicaciones, tanto del propio fiscal general del Estado como del Gobierno. Los populares denuncian una "corrupción en estado puro".

A esta pregunta también ha respondido el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández en 'Trece Al Día'. "Lo lógico y lo prudente es que hubiera dimitido en el momento en el que empezó el procedimiento", asegura de manera rotunda. El exfiscal sostiene que García Ortiz "está haciendo un daño irreparable a la institución, al ministerio fiscal y a los fiscales".

Además, añade que es "la primera vez que conoce este tema por lo que dice un auto, nadie sabe mejor que el juez de instrucción si esto se puede probar, un juez de instrucción del Supremo se presume que no afirma estas cosas si no tiene base para ello".

El gobierno cierra filas con "su fiscal" general del Estado

Desde el presidente del Gobierno, pasando por el ministro de Justicia y otras carteras ministeriales, han hecho una defensa cerrada sobre Álvaro García Ortiz, al que Pedro Sánchez se llegó a referir como "su fiscal", en el que tenía "confianza absoluta".

Este cierre de filas sobre la figura del fiscal general del Estado, al menos desde el ala socialista, es algo que ha sido objeto de crítica por el sector judicial. "Es un grave error de concepto. No es el fiscal del Gobierno, no está previsto que tenga que obedecer como le pide el ejecutivo. El estatuto establece que si el Gobierno requiere algo del fiscal, éste debe someterlo a la junta de fiscales de sala para responder al Gobierno de su petición", afirma Hernández.

"El ministerio fiscal está integrado con autonomía funcional en el poder judicial. Tenemos el espectáculo de que el presidente del Gobierno y los ministros están defendiendo al fiscal general frente al poder judicial, que también es el fiscal general del estado. Hay una contradicción y un grave error político. Quien tiene que defender al fiscal general son el Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales - el primero ha pedido su dimisión y el segundo se ha personado en la causa - el Gobierno está perdiendo los papeles en este tema", sostiene.

Proposición de ley del Gobierno para "limitar las acusaciones"

El exfiscal general del Estado ha reaccionado también a la ley orgánica de 'garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas' que registró el PSOE en el Congreso. "Es un grave intento de invadir el poder judicial. Esa ley no se puede aplicar, es inconstitucional desde el primer artículo hasta el último. Si llegara a aprobarse, se plantearía una cuestión de inconstitucionalidad, no tiene ninguna posibilidad de adecuarse a la constitución", concluye.