Los expertos piden "cautela" con el trato a los menores en la Ley Trans: "Es una decisión irreversible"

Una de las principales modificaciones de la actual Ley Trans es que en este proyecto se establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ha estado en ‘TRECE al mediodía’ para explicar por qué no convence esta ley a los expertos: “Estamos preocupados porque se van a autorizar intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales que pueden tener consecuencias irreversibles. No hay fundamentación científica que justifique su uso. Hay muchos casos de personas que se han sometido a estas intervenciones y se han arrepentido. Nuestro deber como profesionales es proceder con cautela. Los profesionales deben ayudar a estas personas a tomar una decisión adecuada y, sobre todo en el caso de menores, que no sea una decisión irreversible”.

¿Cuál es la edad adecuada para poder tomar una decisión de este tipo?: “Países que nos han precedido en leyes similares a estar han acabado aumentando la edad hasta los 22 años, teniendo en cuenta que en edades tempranas es frecuente que haya alteraciones psiquiátricas que puedan dificultar esta toma de decisiones”, apunta Manuel.

Son muchos los que ya hablan de una pandemia al aumentarse de forma evidente los casos de menores que se cuestionan si son transexuales: “Es cierto que puede haber situaciones que el joven en el que pase por una mala situación, que el cambio de sexo – que no es tal porque se puede cambiar la genialidad, pero no el sexo – puede verse como una salida a situaciones que son complejas y puede ser una forma de llamar la atención y todas estas situaciones deben tener una valoración por parte de profesionales que velen por el interés de estas personas. No se puede tomar una decisión a la ligera”.

Para terminar, Manuel destaca que, para la elaboración de esta ley, el Gobierno no ha consultado con los expertos, pero “tampoco a los padres y madres de estos niños”.