¿Ceder las competencias sobre migración a una comunidad facilita la gestión del flujo de personas? Cataluña, a examen

En un contexto en el que la inmigración ocupa un lugar destacado en el debate político español, el acuerdo entre el PSOE y Junts para ceder competencias en materia de inmigración a Cataluña ha desatado una controversia que merece una reflexión profunda. 

Mientras que desde el Gobierno celebran el paso como una medida destinada a agilizar la gestión, esta cesión podría ir en contra de la integración efectiva de los inmigrantes, un desafío clave para el futuro de España como se demostró en COPE el pasado mes de octubre durante la acción especial 'Inmigración: un reto de país'.

La propuesta de ley orgánica presentada este martes, que configura a Cataluña como una "ventanilla única" en su territorio para la gestión de varios aspectos migratorios, ha suscitado un rechazo generalizado en sectores como el Partido Popular, Vox y Podemos, que ven en esta medida un paso hacia una "independencia de facto" en la política migratoria. 

Para algunos, la delegación de competencias no es más que un eufemismo de una fragmentación de la política migratoria nacional, una medida que no contribuirá a resolver el problema de la integración.

El acuerdo implica que Cataluña asuma la gestión de diversas áreas clave, como las autorizaciones de estancia y residencia, la expedición de documentos de identidad para los extranjeros, y la gestión de las devoluciones y expulsiones. Los Mossos d'Esquadra también jugarán un papel central, encargándose de la seguridad en puertos, aeropuertos y en las zonas críticas del territorio. Además, se contempla un incremento considerable del número de efectivos de los Mossos, con la promesa de reforzar la capacidad operativa para enfrentar los desafíos migratorios.

Sin embargo, la centralización de estas competencias en manos de una comunidad autónoma específica, lejos de aportar soluciones, podría dificultar la integración de los inmigrantes en una sociedad que necesita políticas migratorias claras y consensuadas a nivel nacional. Al distribuir las competencias, se corre el riesgo de crear disparidad de criterios y enfoques, algo que va en detrimento de la cohesión social y la integración efectiva de los inmigrantes.

La integración, clave para la cohesión social

En lugar de centrarse en una delegación de competencias que pueda fragmentar el sistema, los expertos dejaron claro durante la acción especial de COPE 'Inmigración: un reto de país' que lo que España necesita es una política migratoria común que fomente la integración real de los inmigrantes. Este proceso debe empezar desde el momento en que las personas migrantes llegan a nuestro país, tal y como defienden varios expertos y organismos sociales.

Un ejemplo de cómo la integración puede ser una oportunidad lo encontramos en historias como la de Younes, un inmigrante marroquí que lleva 18 años en España. Desde que llegó, Younes ha superado barreras lingüísticas y laborales, y ha logrado establecerse con éxito al abrir su propio restaurante. Este tipo de experiencias demuestran que la inmigración puede enriquecer a la sociedad, pero solo si se gestiona de manera inclusiva y cohesionada.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de este año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por inmigrantes, lo que evidencia su importancia en la estructura laboral española. Los más de 9 millones de inmigrantes que residen en España representan el 18,5% de la población, una cifra que no solo refleja su peso en el mercado laboral, sino también su potencial para revitalizar una sociedad marcada por la crisis demográfica.

Además, expertos como María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, subrayan que los inmigrantes no compiten con los trabajadores nacionales, sino que ocupan trabajos que los españoles no desean o no pueden realizar. Esto se traduce en una complementariedad que, a largo plazo, favorece el crecimiento económico.

Un modelo migratorio coherente y sostenible

El reto migratorio es, en última instancia, un reto de integración. No basta con garantizar la llegada de migrantes; es esencial que se ofrezcan las condiciones necesarias para que puedan contribuir plenamente a la sociedad. Esto requiere de políticas públicas que no solo faciliten la regularización y el acceso al mercado laboral, sino también programas de educación, aprendizaje del idioma, y acceso a la vivienda y los servicios públicos.

Los inmigrantes como Adama, quien llegó a España desde Senegal en condiciones precarias y hoy es el arrocero titular de un restaurante en Valencia, demuestran que con las herramientas adecuadas, es posible alcanzar una plena integración. La historia de Adama, que comenzó como lavaplatos y ha ascendido hasta convertirse en un experto en la gastronomía valenciana, ilustra cómo, cuando se le da la oportunidad, el inmigrante puede ser un motor de desarrollo y prosperidad.

El debate sobre las cesiones de competencias migratorias a Cataluña no debe nublar el verdadero desafío al que se enfrenta España: la necesidad de un modelo migratorio integral y consensuado a nivel nacional. La inmigración no es un problema que pueda resolverse mediante medidas unilaterales o descentralizadas. Por el contrario, debe ser tratada como una oportunidad de desarrollo, que requiere de un pacto de Estado que fomente la integración, la cohesión social y el respeto mutuo.

En este sentido, las cesiones que está promoviendo el Gobierno con Cataluña podrían suponer un obstáculo para la creación de un modelo común de gestión migratoria. En lugar de avanzar hacia un sistema fragmentado, España debe trabajar en la construcción de un marco nacional que facilite la integración de los inmigrantes en todos los aspectos de la vida social, cultural y laboral.