Se aprueba la reducción de la jornada laboral: cuándo entra en vigor y los trabajadores que se benefician

El Consejo de Ministros aprobará este martes de forma definitiva el proyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima en España a 37,5 horas semanales sin merma salarial, un paso clave en el calendario legislativo que afectará directamente a unos 12 millones de trabajadores. Esta medida, largamente discutida y apoyada por los sindicatos mayoritarios —CCOO y UGT—, supone uno de los mayores avances laborales de los últimos años, con el objetivo de mejorar la conciliación, la salud mental y la productividad sin recortar sueldos.

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La aprobación se produce tras el retraso de la semana pasada, provocado por un apagón informático que paralizó buena parte de la actividad administrativa del Gobierno. Con los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social ya emitidos, el proyecto de ley queda listo para su paso al Congreso de los Diputados, donde se abrirá el trámite parlamentario que definirá su forma final antes de su entrada en vigor. Si no hay sorpresas, la norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en las próximas semanas y establecerá un calendario claro: los convenios colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre para adaptarse a los nuevos criterios.

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Registro horario más estricto  

Uno de los elementos centrales de la reforma es la creación de un registro horario digital, interoperable y en tiempo real, que obligará a las empresas a garantizar que cada trabajador registre su jornada de forma personal, directa y verificable. Este sistema será obligatorio para todas las empresas, independientemente de su tamaño, y se establece con el fin de evitar fraudes en el cumplimiento de la nueva jornada legal. Además, los registros deberán conservarse durante cuatro años y estarán a disposición tanto de los empleados como de sus representantes y de la Inspección de Trabajo.

Las compañías que no se adapten o incumplan la normativa se enfrentan a sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador, en función de la gravedad de la infracción. El endurecimiento de las multas pretende asegurar el cumplimiento efectivo de la medida, algo que preocupa especialmente a la CEOE y otras patronales, que han manifestado su rechazo frontal a la reforma por su impacto sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

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Por su parte, los sindicatos han anunciado que mantendrán la presión durante el debate parlamentario para evitar cualquier alteración del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo. Su objetivo es que la reducción de la jornada laboral se consolide como un derecho estructural que beneficie a todos los sectores y que sirva como precedente para futuras mejoras en las condiciones laborales.

Protección del tiempo libre  

Otro de los aspectos destacados del texto es el reconocimiento del derecho irrenunciable a la desconexión digital, lo que implica que las empresas no podrán exigir disponibilidad fuera del horario laboral. Esta cláusula busca blindar el tiempo libre de los trabajadores frente a prácticas que, especialmente desde la expansión del teletrabajo, han difuminado los límites entre la vida personal y la profesional.

La medida no solo responde a una demanda histórica de los trabajadores, sino que también se alinea con las recomendaciones europeas sobre salud mental y equilibrio entre trabajo y vida privada. La Comisión Europea ya había alertado de los riesgos del presentismo digital y el abuso de jornadas extendidas no remuneradas.

Con este nuevo marco, España se sitúa a la vanguardia en materia de regulación del tiempo de trabajo en Europa, en una senda similar a la de países como Francia o Bélgica. A falta de conocer los detalles definitivos que salgan del Congreso, lo cierto es que este avance supone un cambio estructural en el mercado laboral español y abre la puerta a nuevos debates sobre productividad, reparto del tiempo y organización del trabajo.